Por todas las razones de hecho y derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: de conformidad con lo establecido en el en el literal "b" del artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, CON LUGAR la solicitud de EXTINCION DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA fijada por este Tribunal, mediante Decisión de fecha 07 de Septiembre de 2004. Por cuanto como consecuencia de la Extinción de la Obligación Alimentaria, es dejar de estar vigentes las medidas decretadas para dar cumplimiento a la misma, oficiese a la Empresa Alconca, en la cual labora el Actor en la presente Causa, a los fines de informarle el levantamiento de las medidas de retención oficiadas en la oportunidad correspondiente.-

Después de oír las deposiciones de las partes y haber revisado el contenido de las actas procésales, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, considera que la imputación realizada por parte de la Fiscalía Octava, se desprenden suficientes elementos de convicción en contra del imputado para asegurar que su responsabilidad penal se encuentra comprometida en la perpetración del hecho punible que dio origen a la presente causa, precalificando esta Juzgadora el tipo penal como APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTES DEL HURTO Y ROBO DEVEHICULOS AUTOMOTORES, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre el Hurto y robo de Vehículos Automotores; es por lo que este Tribunal Segundo de Control en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a favor del imputado RONAL ERNESTO CEBALLOS ARANA (plenamente identificado en las actas precedente), según lo dispuesto en.....

Después de oír las deposiciones de las partes y haber revisado el contenido de las actas procésales, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, considera que la imputación realizada por parte de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, se desprenden suficientes elementos de convicción en contra del imputado para asegurar que su responsabilidad penal se encuentra comprometida en la perpetración del hecho punible que dio origen a la presente causa, precalificando esta Juzgadora el tipo penal como LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, previsto y sancionado en el artículo 420 ordinal 1° del Código Penal; es por lo que este Tribunal Segundo de Control en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, a favor del imputado SALVADOR PUGLIA PEREZ (plenamente identificado en las actas precedente), según lo dispuesto en el artículo 256 ordinal 9º del Código Orgánico Pr.....

Después de oír las deposiciones de las partes y haber revisado el contenido de las actas procésales, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, considera que la imputación realizada por parte de la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público, se desprenden suficientes elementos de convicción en contra del imputado para asegurar que su responsabilidad penal se encuentra comprometida en la perpetración del hecho punible que dio origen a la presente causa, precalificando esta Juzgadora el tipo penal como DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el penúltimo aparte del artículo 31 de la Ley Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ;Ahora bien ,esta Juzgadora no acoge la solicitud de MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD requerida por la Fiscal del Ministerio Pùblico en contra del mencionado imputado, toda vez que si bien es cierto que este Tribunal precalifica los hechos tal como lo señalo la vindi.....

puede asumirse que el acto administrativo fue dictado con prescindencia absoluta de la certeza del supuesto de hecho alegado por la trabajadora, por cuanto nunca se demostró la situación alegada por la misma, por tanto no podrá asumirse en esta causa, que la Providencia Administrativa recurrida haya sido resultado de un procedimiento eficiente y eficaz con relación a las pruebas promovidas por la trabajadora y valoradas por la administración, lo que vicia el acto dictado, ya que al no probar los hechos alegados, se dicto la decisión sobre la base de un Falso Supuesto De Hecho, es decir que puede nunca haber ocurrido o que de haber ocurrido fue de manera diferente a lo valorado y apreciado por la autoridad administrativa, lo que acarrea la nulidad absoluta del acto recurrido. Igualmente se causo indefensión a la parte accionada al no valorar el ente decisor las pruebas promovidas por este, que demostraban y verificaban sus alegatos y defensas. Así se decide Por todo lo anterio.....

Es necesario precisar que tal como lo ha reiterado nuestro más alto Tribunal de la República en Sala Constitucional, que en materia de amparo cautelar, el elemento determinante resulta ser indudablemente la urgencia y el temor de la lesión irreparable, pues solo la brevedad de la medida de amparo puede garantizar ese resultado, por lo que de acuerdo con este criterio de fecha 5 octubre de 2004, Sentencia Nº 2350, quien comparte quien decide, no es necesario que el peticionante demuestre la presunción del buen derecho, ya que basta para ello la ponderación por parte del Juez para decretarla, excepción que también opera para el periculum in mora al estar consustanciado con la naturaleza para la petición de amparo cautelar, lo que significa en puridad del derecho que en el caso en cuestión, y aplicando la sana critica lleva a la convicción a este Juez Constitucional, de que los extremos para decretar la medida están llenos, por lo que se hace procedente Ratificar la Medida Cautelar de Amp.....

Por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÒN.

Por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÒN.

Este Tribunal visto el acuerdo alcanzado entre la partes en el día de hoy, declara concluida la Audiencia Preliminar y deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, se le imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dándole efecto de cosa juzgada, se ordena el cierre y archivo del expediente. Finalmente la ciudadana Juez, ordenó la lectura íntegra de la presente acta quedando así los asistentes debidamente notificados de su contenido. Dándose por cerrado el acto a las 9:25 a.m. de hoy. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

Este Tribunal deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por estas sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público; se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL al acuerdo transaccional celebrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se ordenará el cierre y archivo del expediente una vez conste en autos el último de los pagos acordados.