DECISION Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano RUBEN E. VASQUEZ G. venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. 6.085.908, debidamente asistido por el abogado HECTOR EDUARDO TORREALBA inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 11.961.967, en contra el acto administrativo de destitución Orden N° 04-027 de fecha 31 de agosto de 2004 y su notificación de fecha 03 de septiembre de 2004 suscritos por el Director del Cuerpo Técnico de Vigilancia Terrestre y por el Jefe de la División de Personal del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transito y Transporte Terrestre.

DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado ANTULIO MOYA LA ROSA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº.11.108, apoderado judicial de la ciudadana BEATRIZ PORTILLO VILLALOBOS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°.9.113.252, en contra del Consejo Nacional Electoral. SEGUNDO: Se declara la nulidad del acto impugnado, y en consecuencia se ordena la reincorporación del querellante al cargo de Coordinador Técnico Electoral, adscrito a la Oficina Regional de Registro Electoral del Estado Zulia, o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración, con el consecuente pago de los sueldos dejados de percibir desde el momento de su remoción, hasta su total y efectiva reincorporación al cargo, su.....

DECISIÓN Por las razones aquí expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado ANTONIO RUJANA SAAVEDRA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°.46.221, apoderado judicial del ciudadano ANTONIO RAFAEL SILVERA PEREIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°.10.977.414, en contra de los actos administrativos de efectos particulares contenidos en la resolución N°.067-04, de fecha 8 de octubre de 2004, emanada del Despacho del Alcalde del Municipio Brión del Estado Miranda.

DECISIÓN Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado ANTULIO MOYA LA ROSA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº.11.108, apoderado judicial del ciudadano HECTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ VALERA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº.3.801.391, en contra del Consejo Nacional Electoral. SEGUNDO: Se declara la nulidad del acto impugnado, y en consecuencia se ordena la reincorporación del querellante al cargo de Fiscal Técnico de la Oficina Sede de Caracas, adscrito a la Fiscalia General de Cedulación, o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración, con el consecuente pago de los sueldos dejados de percibir desde el momento de su remoción, hasta su total y efectiva reincorporación al cargo, sueldos qu.....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por el abogado JACINTO MARTINEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 37.029, en su carácter de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE TRANSPORTE MENCA DE LEONI, debidamente inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda- Guarenas, en fecha 30 de junio de 2000, bajo el Nº 27, Tomo 23 Folios 193 al 198, Protocolo Primero (inscrita en el Registro General de Cooperativas bajo el Nº de Acta ACPT-5), contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº 000312, de fecha 09 de junio de 2004, dictado por la Presidenta del Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) del Municipio Sucre del Estado Miranda.

En conclusión, a juicio de esta Juzgadora, en el litis consorcio que pretende crearse en la presente acción, no se constata la presencia de los supuestos contemplados en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 52, numerales 1°, 2° y 3° ejusdem, y así se decide. En virtud de lo expuesto anteriormente, este Juzgado debe declarar INADMISIBLE la acción interpuesta, por no cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto los abogados IVOR MOGOLLON ROJAS y CLAUDIO HUENFIL LEAL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos.48.706 y 71.033, respectivamente, procediendo en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana CARMEN ISOLINA SALAZAR CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°.3.600.792, en contra el BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO (BANAP).

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-