Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento del presente recurso contencioso administrativo de anulación con solicitud de medida cautelar, interpuesto por la UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO HUMANITAS, por intermedio de su apoderado judicial, contra el acto administrativo dictado en fecha 20 de noviembre de 2008, por el Presidente del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), en las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que éstas últimas previa su asignación por distribución, continúen conociendo del mismo, conforme a las competencias y atribuciones que le son propias. Remítase el expediente una vez discurrido el lapso de cinco (5) días de despacho siguiente a la fecha de publicación del presente fallo. Publíquese y regístrese.

PRIMERO: Con lugar la Inhibición con fundamento en el numeral 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por el Dr. Alexis José Cabrera Espinoza, en su condición de Juez a cargo del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la tercería en el juicio que por Partición, sigue Maria Carolina Canestri Campagna y Carlos E. Canestri Armario contra de los ciudadanos Antonio Maria Barrios, Giovanni Canestri, Carmen Pastora Cedeño y Mario Canestri. SEGUNDO: Remítase copia certificada de la presente decisión al Juez Inhibido PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 05 de agosto de 2009, por la abogada MARIELY VALDEZ GONZALEZ, en su carácter de Defensora Pública Quincuagésima Cuarta de esta Circunscripción Judicial, y en consecuencia CONFIRMA la decisión dictada el 28 de julio de 2009, por el Juzgado Cuadragésimo Sexto de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó a los ciudadanos LUIS ALEJANDRO DÁVILA FERNÁNDEZ y LIBERTI ANTONIO MARTIN GARCIA, medida privativa de libertad conforme lo previsto en los artículos 250, 251.2.3 y 252,2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de robo impropio sancionado en el artículo 456 en relación con el artículo 455 y lesiones intencionales.....

Con fundamento en los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Vigésima Novena (29°) del Área Metropolitana de Caracas, abogada Mariela Godoy Estaba, en su carácter de defensora del ciudadano Elio Jamil Lira Tovar, en contra de la decisión dictada el 23 de julio de 2009, por el Juzgado Cuadragésimo Sexto (46°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual acordó medida de privación judicial preventiva de libertad conforme a los artículos 250 1.2.3, 251.1.2 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, se mantiene la medida cautelar en su modalidad de Caución Juratoria, prevista en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, dictada.....

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD e INTERES propuesta por la parte co-demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV). SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana MARY ZULAY RAMIREZ contra las empresas INCAPRO y C.A.N.T.V., ambas plenamente identificadas.- TERCERO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.- CUARTO: Se ordena notificar al ciudadano Procurador General de la República de la presente decisión.-

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos Fabián Sánchez y Gabriel Ortega contra Grupo Abavi, C.A. y Corporación Parque Hábitat. TERCERO: SE CONFIRMA la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En consecuencia, por los razonamientos supra indicados le resulta forzoso NEGAR lo solicitado por la representación judicial de la parte Accionante y le insta a que señale nueva dirección de la parte Demandada a los fines de practicar una notificación efectiva. Así se establece.

Es todo. Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso. Así mismo comprobando por este Juzgador, que el referido escrito transaccional cumple con los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, al no vulnerar derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, le imparte su HOMOLOGACIÓN en cada uno de los términos expuestos, ya que cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia, dándole efectos de cosa juzgada

Esta Juzgadora NIEGA la referida prueba, en razón de que la forma de su promocion deviene en ilegal

DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.- Se deja constancia que la demandada no consignó sus elementos probatorios, en virtud de desistimiento por parte de la actora