Por las razones que anteceden este Juzgado TERCERO DE PRIMERA INSTANCIAS EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR, la solicitud de Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio de los ciudadanos JHONDER JOSE GARCIA BELIZARIO Y JHOANA BEATRIZ LÓPEZ ZAMORA, Venezolanos, mayores de edad, de éste domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros 15.275.363 y 16.436.731 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 765 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los unía contraído por ante el Director de Registro Civil del Municipio Santiago Mariño del estado Aragua , desde el día 14 de Julio de 2004, bajo el acta Nº 210, conforme consta de la copia certificada del acta de matrimonio que corre inserta al folio cuatro y cinco (04 y 05) del expediente.-.....

En consecuencia, este Tribunal en conformidad con el artículo 321 ejusdem considera que lo oportuno en este caso y los subsiguientes es acoger la doctrina esgrimida por Casación referente a la mencionada Resolución 2009-2006, a fin de brindarle estabilidad jurídica a los justiciables. Así se declara. Así las cosas, visto que la presente causa se inició mediante interposición de demanda en fecha 13 de octubre de 2010 [folio 5], le es aplicable lo dispuesto en la tantas veces mencionada Resolución 2009-2006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009 y publicada en Gaceta Oficial en fecha 2 de abril de ese mismo año. Por ende, tomando en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal imprescindible que limita el ámbito de actuación jurisdiccional, este Tribunal considera procedente en derecho declarar su INCOMPETENCIA para conocer de las apelaciones interpuestas por las partes en la presente causa, y en consecuencia, ordena declinar el conocimiento de las mismas al JUZGAD.....

Por otra parte, respecto del recurso interpuesto contra el auto del 10 de febrero de 2011, infiere quien aquí decide que su objetivo principal no es otro que el de suspender la ejecución del embargo preventivo decretado. No obstante, vale recordar que en materia de medidas cautelares es la propia ley quien suspende, en forma provisional, el derecho a las defensas cuando establece una desigualdad temporal en el juicio, pero sin desconocer la forma de publicidad de las actas para las partes. O lo que es lo mismo, que aunque el ejecutado puede conocer la situación actual de la incidencia, no puede impugnar ni tampoco hacer valer alegatos ni pruebas hasta tanto no cese ese característico estado. Esto resulta patente al examinar el contenido del artículo 601 del Código de Procedimiento Civil que permite la declaratoria de las cautelares inaudita parte, cuando expresa que si el Juez hallare suficiente la prueba, decretará la medida "...y procederá desde luego a su ejecución sin oír apelación.....