Por las razones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar a la empresa ERICSSON C.A., en la persona de su representante legal o apoderados judiciales, para que en el plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha en la cual conste en autos dicha notificación, le informe a éste Tribunal si conserva el interés en que la causa sea decidida. En caso de no obtenerse respuesta en el indicado plazo, en el supuesto de que se logre su notificación, se declarará TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por pérdida del interés y se ordenará el ARCHIVO del expediente.

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa incoada, por la ciudadana LISBETH BORREGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° 9.821.485, abogada en ejercicio, e inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nro. 59.143, actuando en su carácter de Procuradora del trabajo y apoderada Judicial, del ciudadano LEONARDO ENRIQUE VILLA SALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 9.163.293. en consecuencia se ORDENA el archivo del expediente. Publíquese, regístrese. Notifíquese a la parte actora Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los dos (11) días .....

DECISIÓN Por las razones precedentes, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo, en Sede Constitucional declara el Abandono de Tramite en la presente acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER SANDOVAL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.442, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICO DEL INTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITOPOPULAR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL contra las actitudes inconstitucionales del patrono del INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR, violando los derechos consagrados en los artículos 89, ord. 1, 2, y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también por presunta discriminación, tratos irrespetuosos, violación al Derecho de igualdad, y el derecho a la libertad sindical. Publíquese, Regístrese y notifíquese a la accionante. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgad.....

Por las razones expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso interpuesto por el ciudadano DOMINGO ARANCETA GONZÁLEZ, asistido por la abogada YASMIN KABCHI CURIEL, contra el acto administrativo contendido en la Resolución Nº 992-1, de fecha 23 de noviembre de 2005, dictada por la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Por las razones expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara con lugar el recurso contencioso de nulidad interpuesto por los abogados en ejercicio, de este domicilio GABRIELA SALATI VEGAS, JESUS ARTURO BRACHO OLIVERO y GLORIA AHUMADA BERMUDE, procediendo en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana BEATRIZ SOLEDAD GOMEZ TOVAR, ya identificados, propietaria del inmueble identificado como apartamento No. 4-D (PROPIEDAD HORIZONTAL), del Edificio denominado "MAYURUPI", ubicado en la Calle Géminis, Urbanización Santa Paula, Municipio Baruta, Estado Miranda, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 002017, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil uno (2001), emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, que reguló dicho inmueble. Acto administrativo cuya nulidad se declara. SEGUNDO: A los fines de restablecer la si.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: ADMITE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano NUNO CONCEPCION ALVES DIAZ, asistido por los abogados José Alfredo Montes Silguero y Alejandro Oviedo Rueda, contra la Providencia Administrativa N° 946-04 dictada el 06 de julio de 2004 por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Libertador del Distrito Capital. SEGUNDO: Declara SIN LUGAR la pretensión de amparo cautelar. TERCERO: Declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Sin analizar la caducidad y a los solos fines de emitir pronunciamiento sobre el amparo cautelar, ADMITE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por la abogada Rebeca Santana Marciales, actuando como apoderada judicial del BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., contra la Providencia Administrativa Nº 313-04 dictada en fecha 04 de febrero de 2004 por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital. SEGUNDO: Declara IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar. TERCERO: Por separado se examinará la causal de caducidad cuyo análisis aquí fue omitido.

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa incoada por el ciudadano RAFAEL FUGUET ALBA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, N° 5.218.349, abogado en ejercicio, e inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado, actuando en su carácter de apoderado Judicial, de la empresa EXPRESOS AMERLUJO, C.A. sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 7 de Agosto de 1996, bajo el Nro. 36, Tomo 404-A Sgdo. en consecuencia se ORDENA el archivo del expediente. Publíquese, regístrese. Notifíquese a la parte actora Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Conte.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la suspensión de efectos solicitada por los abogados Joel Tarff y Maritza Leal de Tarff, actuando como apoderados judiciales de la Empresa JARDINERÍA SAN NICOLÁS DE BARI, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 370-05 dictada en fecha 12 de agosto de 2005 por la Inspectoría del Trabajo en Los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de nulidad conjuntamente suspensión de efectos interpuesto por los abogados JOHN M. JOHNSON y CARLOS EDUARDO CATO, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN FINANCIERA LUKATEVEL C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 00043, de fecha 30 de mayo de 2002, dictada por la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda.-