En virtud de los razonamientos jurídicos que han quedado expuestos, este Tribunal Superior Marítimo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha primero (1º) de noviembre de 2012 por la abogada DAMIRCA PRIETO, apoderada judicial de la parte actora, sociedad mercantil ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE BUZOS INDUSTRIALES RS, en contra del auto de fecha veintinueve (29) de octubre de 2012. SEGUNDO: Se condena en costas a la sociedad mercantil ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE BUZOS INDUSTRIALES RS, de conformidad con establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber quedado confirmada la decisión recurrida.

Determinado lo anterior, estima quien decide que no puede el co-apoderado recurrente solicitar ante esta alzada la evacuación de la prueba de experticia a través de un auto para mejor proveer, en primer lugar, porque el hoy apelante se opuso a ella en sede de primera instancia, lo que fuera resuelto en su oportunidad por el juzgado de cognición (folio 503); y en segundo lugar, como antes se dijo, por cuanto esa probanza no es de las permitidas en segunda instancia; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 514 y 520 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de dictar auto para mejor proveer interpuesta por el profesional del derecho CARLOS JOSÉ AROCHA MOREÁN, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la par.....

Ello así, hace concluir que el hecho que una empresa nacional o empresa del Estado tenga un interés directo o indirecto en determinado contrato, con cláusula que lo someta a la jurisdicción de un panel arbitral, no significa que se pueda hablar en esos casos de contratos inarbitrables en los términos del artículo 44.f) eiusdem. Pero, además de ello, en la especie, ni siquiera pudiera hablarse de un interés indirecto del Estado, no siendo necesaria la notificación de la Procuraduría General de la República, ya que no se encuentran afectados los intereses patrimoniales de este, por cuanto el conflicto se da entre dos empresas (INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., e INVERSIONES VINCENZO, C.A.) en las que el Estado no tiene ninguna participación accionaria o en su capital social. Y, el hecho de que una de ellas posea un crédito con una institución financiera del Estado, no significa en lo absoluto, que se categorice a este asunto como de interés del Estado. Distinto es, que se .....

Se homologa el convenio de obligacion de manutencion, presentado por los cuidadanos, JESUS ERNESTO SANCHEZ MENDOZA y JEIMMY GUDIÑO GUZMAN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.972.624 y V-14.742.695, respectivamente.

Se Homologó el Convenimiento de Obligación de Manutención, presentado por la abogada, MARÍA DEL MILAGRO DA CORTE LUNA, en su carácter de Fiscal Nonagésima Séptima (97°) del Ministerio Público, a petición de los ciudadanos, CARLOS JOSÉ RAMIREZ ANDRADE y ANA MARÍA CUEVAS ANDRADE, titulares de las cédulas de identidad V-17.759.660 y V-18.589.102.

Se Homologó el Convenimiento de Obligación de Manutención, presentado por la abogada, MARÍA DEL MILAGRO DA CORTE LUNA, en su carácter de Fiscal Nonagésima Séptima (97°) del Ministerio Público, a petición de los ciudadanos, CARLOS JOSÉ RAMIREZ ANDRADE y ANA MARÍA CUEVAS ANDRADE, titulares de las cédulas de identidad V-17.759.660 y V-18.589.102.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PROCEDENTE la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos solicitada por el ciudadano ARGENIS ELIAS RUIZ SEQUERA, titular de la cédula de identidad Nº V-17.278.675, debidamente asistido por la abogada María Isabel Rincón Chávez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 105.826, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, a través del CUERPO DE POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, en virtud del acto administrativo "Numero CPNB No (ilegible)-7433-12", que acordó la suspensión del ejercicio de su cargo del Cuerpo de Policía Nacional de fecha 19 de septiembre de 2012, en tal sentido: 1. Se suspende el acto administrativo "Numero CPNB No (ilegible)-7433-12", de fecha 19.....

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por los abogados Carmen Lizeth Guaricuco Gonzalez y Jesus Rafael Mata Rivas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 75.945 y 92.181, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano Yohn Armando Morales, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 15.091.772, contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Independencia del Estado Miranda.

Vistos los escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada DANIELA MÉNDEZ ZAMBRANO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 111.599, actuando en su carácter de sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, y en representación de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM) y por el abogado JOSÉ DANILO MONTES CÁRDENAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 163.440, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana SORAYA M. ANDRADE AGUADO, titular de la cédula de identidad número V- 5.613.587, pasa este Juzgado Superior a pronunciarse sobre la admisibilidad de las mismas en los términos siguientes:

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para admitir la presente querella funcionarial prevista en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010 y verificados los requisitos exigidos en el artículo 33 de la indicada Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho la querella funcionarial ejercida por la mencionada ciudadana. En consecuencia, se ordena citar al ciudadano SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO LIBERTADOR, a los fin.....