Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YOLANDA ANTONIA REYES LORA, asistida de abogado, contra la decisión dictada el 26 de junio de 2006 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tribunal que actuó en alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana la prenombrada ciudadana contra la sentencia dictada el 17 de mayo de 2006 por el Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de desalojo incoado por las sociedades mercantiles CONSORCIO MERCANTIL RESIDENCIAS LA PALMA S.R.L. e INMOBILIARIA ARAGUATO, S.R.L., que conforman el CONSORCIO ARAPAL contra la ciudadana YOLANDA ANTONI.....

Por las razones expuestas el Tribunal Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Jenny Mileidy Espina Lineros apoderada judicial de la ciudadana Gitty Ángela Ramírez González, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, se MODIFICA el fallo apelado, y se declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite en la acción de amparo interpuesta por la mencionada ciudadana contra la ciudadana Leda Magali Perdomo Escalante. Se impone la multa de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) a Gitty Ángela Ramírez González. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado.....

Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) FIRME el decreto intimatorio por la suma global de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 135.000.000.oo) proferido por el a quo en fecha 10 de abril de 2002; en consecuencia se acuerda proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y se ordena al tribunal de la causa que continúe con la ejecución de dicho decreto intimatorio. 2) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de febrero de 2006 por el abogado EDUARDO J. MOYA T. en su carácter de apoderado judicial de la parte actora contra la decisión dictada en esta causa el 21 de junio de 2005 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 3) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de febrero de 2006 por el abogado JOSÉ GA.....