DECLARA PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la accionante, antes identificada. ASI SE DECIDE. En virtud de ello, se ordena suspender los efectos de la sentencia dictada el 26 de mayo de 2008, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. A tal efecto, se dictamina expedir oficio al JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, adjunto con copia certificada del presente auto a los fines de que se suspenda los efectos de la sentencia de fecha 26 de mayo de 2008, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE PARROGA LEGAL, sigue la ciudadana MARIA ADETE DA SILVA, contra el ciudadano MANUEL EDUARDO CAMARA, la esta primera hoy accionante en amparo. Líbrese el respectivo oficio.-

ADMITE DICHA SOLICITUD DE AMPARO EN CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, sin perjuicio de reexaminar, al momento de dictar la sentencia definitiva, los requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley y la jurisprudencia del más alto Tribunal de la República. Como consecuencia de lo antes expuesto, y en atención con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena librar oficio de notificación, al Juez titular o a quien tenga el cargo temporal del JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, o en su defecto en la persona del Secretario (a) de dicho Tribunal, quien tiene él deber de imponer de inmediato al Juez de la notificación, con la indicación expresa, de que el acto de la celebración de la audiencia constitucional, tendrá lugar al cuarto (4°) día hábil siguiente, a la constancia en autos de la última de las notificaciones, a las dos de la .....

declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada en ejercicio, Mireya Sanmiguel, Defensora del ciudadano Juan Carlos Quiroz Pineda, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 02 de junio de 2008, mediante la cual acordó mantener la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra del prenombrado ciudadano por la presunta comisión de los delitos de Robo de Vehículo Automotor y Extorsión, previstos y sancionados en los artículos 5, ordinales 1.2.3.8.10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor y 459 del Código Penal, respectivamente y por ende declaró sin lugar la solicitud de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad interpuesta por la defensa.

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Inadmisible la presente acción de amparo constitucional ejercida por el Abogado SILVIO ANDRES LA CORTE SALAVERRIA, inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 127.911, en contra de la clausura de la avenida Londres entre las avenidas Lisboa y Turín de la urbanización La California Norte, mediante la colocación de una reja en plena vía publica. De conformidad con el articulo 19, de la ley orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

declara INADMISIBLE la querella interpuesta por la ciudadana EMMA CELINA OROPEZA DE MOGOLLON, portadora de la cédula de identidad Nro. V-5.361.429, representada por los abogados José Leopoldo Gutiérrez y Luís Alfonso Bastidas Oliva, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 108.059 y 72.935, respectivamente.

DECISIÓN Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto recurrido, formulada por la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, por intermedio de su apoderada judicial, abogada CRISTINA MENDES VASQUEZ, en el recurso contencioso administrativo de nulidad que interpuso contra la Providencia Administrativa No. 689-07, dictada en fecha 28 de agosto de 2007, por el Inspector del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador.

declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el abogado JESÚS ESTEBAN CARRASQUERO HERNÁNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.670, en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (I.N.D.), creado según Decreto Nro. 164, de fecha 22 de junio de 1949, publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nro. 22.952, del 23 de junio de 1949, contra la sociedad mercantil SEGUROS CORPORATIVOS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 14 de diciembre de 1990, bajo el Nro. 77, Tomo 102-A-Sgdo., en su carácter de fiadora y principal pagadora de la sociedad mercantil INVERSIONES GETRU 3001 C.A. SEGUNDO: Se condena a la demandada a pagar la cantidad de noventa y nueve millones quinientos sesenta y dos mil quinientos veintiún bolívares con seis céntimos (Bs. 99.562.521,06), equivalentes a la cantidad de noventa y nueve mil quinientos sesenta.....

IMPROCEDENTE la medida de embargo de bienes muebles solicitada por los abogados VINCENZA PRATA IZZO, MARIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, BARBARA URIMARE LAINO HERNÁNDEZ, JOSÉ ANGEL GALINDO PERICO, ZAID DANIEL MARTINEZ SIRA, DANIEL JOSÉ SANOJA COLMENARES, SIMÓN ANTONIO BRACHO OSORIO, JACOBO ERNESTO RAMOS MAURELL y LOLYMAR ALICIA LA ROSA, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE INDUSTRIAS MILITARES (CAVIM), todos anteriormente identificados en el encabezamiento del presente fallo, contra la ciudadana ANTONIELLA JOSEP COLMENARES FUENMAYOR portadora de la cédula de identidad Nro. 15.000.231, así como también a sus Fiadores solidarios y principales pagadores, los ciudadanos ELSA JOSEFINA FUENMAYOR DE COLMENARES y ANTONIO JOSE COLMENARES MORA, portadores de las cédulas de identidad Nros. 2.818.171 y 2.547.609, respectivamente, por la cantidad de OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMO.....

DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los Abogados Pedro Antonio Sangrota Orta y José Amilcar Castillo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 51.089 y 90.684, respectivamente, actuando en su carácter de Apoderados Especiales del ciudadano EDGARDO ANTONIO CHÁVEZ MARÍN, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 3.562.632 contra el Acto Administrativo emanado de la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES, suscrito por el ciudadano Carlos E. Monceratt Mota, en su carácter de Presidente, mediante el cual remueve y retira al querellante del cargo de Fiscal de Salas de Juego adscrito a la Inspectoría Nacional. Publíquese y regístrese.

Tal y como fue ordenado en el dispositivo del fallo dictado por este Tribunal en fecha once (11) de junio 2008, ordena remitir copia certificada de dicha sentencia al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Líbrese el correspondiente oficio.