Este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua sede La Victoria, en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 eiusdem, de por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni normas de orden público, se imparte la HOMOLOGACIÓN A LOS ACUERDOS DE LAS PARTES en los términos antes establecidos, y se le otorga los efectos de la Cosa Juzgada.

Este Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua sede La Victoria, en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 eiusdem, de por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni normas de orden público, se imparte la HOMOLOGACIÓN A LOS ACUERDOS DE LAS PARTES en los términos antes establecidos

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, actuando en nombre de la republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL al acuerdo alcanzado por las partes, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 133 de la Ley procesal antes citada, dándole efecto de cosa juzgada y se ordena el cierre y archivo del expediente. Se agrega a la presente acta una (01) copia de los cheques recibidos por la actora. Se deja constancia que en virtud del acuerdo, las partes no consignaron escritos de pruebas ni anexos.

SE IMPONE al ciudadano Néstor José Leiva Ruiz, de conformidad con el artículo 92, en relación con el artículo 90 numeral 1, 5, 6 y 13 de la Ley Especial, y al imputado las Medidas Cautelares contenidas en el artículo 95 numerales 7° y 8° Eiusdem.

SE DECRETA en beneficio de la víctima ciudadana Yuliedgaris Santaella Serpa, las medidas de protección y seguridad establecidas en el artículo 90 numerales 1 y 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la imposición de las medida cautelares contenidas en el artículo 95 cardinales 7 y 8 del la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres una vida Libre de Violencia, en virtud que la finalidad del procedimiento ordinario es la preparación del juicio oral y público, a través de la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos que permitan inculpar o exculpar al imputado.-

Se acuerda la aprehension como flagrante se acuerdan las medidas de proteccion y seguridad a favor de la victima y se acuerda su libertad

Se DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL seguida en contra del ciudadano PEDRO MANUEL FLORES CLEMENTE, natural de miranda, el día 19.05.1948, de 67 años de edad, soltero, profesión u oficio: comerciante, residenciado en: calle 5 de julio barrio andres eloy blanco casa 15-20. Santa Cruz, Maracay, Estado Aragua, titular de la cedula de identidad Nº 3.176.599, Hijo de Copacabana Clemente (F) y de Concepción Flores (F); de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 7° del artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, y en consecuencia, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO PENAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300, ordinal 3°, en relación con el artículo 46, ambos del Texto Adjetivo Penal, por el delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA previsto y sancionado en el articulo 39 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

Decretar en beneficio de Daniel Eduardo González Coronil; El sobreseimiento de la presente causa por su presunta participación en la comisión del delito de Abuso sexual a niña en acción continuada, previsto y sancionado en el artículo 259 de la Ley orgánica par la protección de niños, niñas y adolescentes en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; en virtud que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; de conformidad con lo establecido en el artículo 300.4 en concordancia con el 313.3, ambos del Código Orgánico Procesal Penal