Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana Doran Carolina Martínez Vadel contra la Junta Coordinadora del Proceso de Liquidación del Banco Canarias de Venezuela, Banco Universal, C.A. TERCERO: SE CONFIRMA la decisión recurrida. No hay condenatoria en costas, de en virtud de la naturaleza del ente demandado. Dado que no han sido afectados los intereses patrimoniales de la República no es menester.....

Pues bien, siendo que la referida transacción constituye un finiquito total y definitivo de las pretensiones deducidas; en tal sentido, verificados como han sido los extremos legales, es decir, los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadores y los Trabajadoras, así como de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de octubre de 2003, este Juzgado Superior, declara que la transacción se ajusta a derecho y por tanto con las cantidades de dinero que paga y ha pagado la demandada a los ex-trabajadores, quedan comprendidos todos los beneficios y derechos que pudieran haberle correspondido a los hoy accionantes, durante el tiempo que laboraron para la accionada, por lo que este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: UNICO.....

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara; UNICO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el apoderado judicial del Banco Provincial Banco Universal, S.A., contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad contra la: Providencia Administrativa Nº 0004-12, dictada en fecha 19 de enero de 2012, por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del Distrito Capital y Estado Vargas (DIRESAT-Capital), adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), mediante la cual certifica que el ciudadano Eduardo Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-13.638.358, padece una enfermedad agravada por las condiciones de trabajo que le condiciona una discapacidad total y permanente, expedie.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 05 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos Tomas Manuel Uzcategui, Roberto Ramón Yaguaracuto, Florencio Enrique Abreu Rodríguez, Pedro Nicolás Duque, Claudio José Rodríguez, Gabriel Martínez Jaimes, Benjamin Vera Piñero y Antonio José Maita Poleo contra el Banco Central de Venezuela. TERCERO: SE CONFIRMA la decisión recurrida. No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del ente demandado. Dado que no han sido afectados los.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 22 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado Décimo Segundo (12°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos Octavio García, Tito Pérez, Estanislao Castillo, Salvador Ortega y Fernando Mora contra el Banco Central de Venezuela. TERCERO: SE CONFIRMA la decisión recurrida.

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara; UNICO: CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la sociedad mercantil FESA MERPRO, C.A., contra la providencia Administrativa N° US-M/0011/2010, de fecha 25 de noviembre de 2010, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) del Estado Miranda, que acordó Imponer a la Empresa FESA MERPRO S.A., la multa de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, SEIS CIENTOS OCHENTA BOLÍVARES FUERTES (BF 1.252.680,00), por incurrir en la Infracción contemplada en el artículo 120 numeral 18 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Séptimo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SE ADMITE el recurso de nulidad propuesto por la representación judicial de la empresa Servicio Panamericano de Protección C. A. (SERPAPROCA), (inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 17 de octubre de 1958, bajo el N° 40, Tomo 28-A, modificado su documento constitutivo estatutario según acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 28 de febrero de 1997, la cual fue presentada ante la mencionada de Registro Mercantil en fecha 25 de junio de 1997, quedando registrada , bajo el N° 20, Tomo 165 A Pro), y consecuencialmente se ordenan las notificaciones de ley. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar.....