DISPOSITIVA Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en funciones de Tercero de Ejecución Administrando Justicia, en nombre de la Republica y Por Autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: AUTO DE EJECUCION de la Sentencia Condenatoria por Admisión de hechos, dictada por el Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, contra al penado GARCIA RAMÍREZ KIONNY YONNY, titular de la Cedula de Identidad No. V-16.099.773, todo de conformidad con los artículos 479 numeral 1º y 480 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Por cuanto el penado se encuentra en Libertad se ordena la CAPTURA, en consecuencia Ofíciese a los organismos competentes. Notifíquese a la Fiscalia Undécima del Ministerio Publico, al Defensor del penado. Ofíciese a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia en Caracas, a fin de que emita los posibles antecedentes penales del mi.....

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía el Ciudadano: Ignacio Alfonso Ramírez Guerrero, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal que si bien no fue observado por la parte recurrida, resulta procedente su revisión de oficio, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide.

Ahora bien en cumplimiento del Principio de la exhaustividad de la Decisión, pasamos a analizar el argumento del recurrente, que señala que no podía ser removido y retirado por estar gozando de fuero sindical, resulta inconsistente por cuanto el funcionario al estar desempeñando un cargo de libre nombramiento y remoción de los denominados de confianza no lo exime de su remoción dada la naturaleza del cargo que desempeñaba el querellante; en consecuencia se hace forzoso para quien decide declarar Sin Lugar el presente recurso funcionarial, y así se decide. Como consecuencia de las consideraciones anteriores establece quien decide que los actos Administrativos de Remoción y Retiro contenidos en las Resoluciones números 774 y 121 de fechas 22 de Diciembre de 2006 y 23 de Marzo de 2007 respectivamente, conservan su vigencia al no adolecer ni ser susceptibles de vicios de nulidad que afecten su valides. Así se decide

observa, quien decide, que la Resolución Nª 461 de fecha 21 de junio de 2006, contenido del Acto de Retiro de la recurrente, fue dictada en correspondencia con los supuestos legales contenidos en el Artículo 78 de la vigente Ley funcionarial, por lo que no se demuestra que dicho Acto haya vulnerado la estabilidad funcionarial de la Ciudadana recurrente, visto que ocupando la misma un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, y acordándosele a la misma previo a su retiro el periodo de disponibilidad correspondiente, en virtud de que la funcionaria ocupó previamente un cargo de carrera, la Administración no incurrió en Falso supuesto de derecho, por cuanto fueron cumplidas las gestiones reubicatorias pertinentes, antes de su Retiro, de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Publica, dictando la Administración la Resolución N° 461, sobre la base legal y los fundamentos de hecho pertinentes a las disposiciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Public.....

por ello a juicio de quien decide, que la motivación del acto mediante el cual remueven a la Querellante, está ajustada a derecho, pues se le indicaron las razones jurídicas o fundamento de derecho, como fue indicar lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que no le permiten aducir en esta instancia elementos que llevaran a la convicción contraria a quien decide de no ser funcionario de libre nombramiento y remoción, por lo que el acto contentivo de la remoción, que fue dictado por la Ciudadana Ministra del Trabajo, de acuerdo a las atribuciones previstas en el Ordinal 2 del artículo 5to de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ciudadana Ministra del Trabajo, la cual es la persona competente para dictar el acto, por ser el Superior Jerárquico, dentro de la Administración Pública Nacional de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Publica en su Artículo 76, numerales 11 y 18, puede designar y remover a los funcionarios de libre nomb.....

PARTE DISPOSITIVA Con fundamento a las razones de hecho y de derecho analizadas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Tribunal Primero de Control de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, en uso de la competencia para revisar medidas cautelares conferida al Juez por el Artículo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, DECRETA: UNICO: Acuerda una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, a los adolescentes XXXXX Y XXXXX, quienes son venezolanos, solteros, titular de la Cédula de Identidad N° V- 23.791.273 y 20.451.587, respectivamente, las cuales consisten en someterse al cuidado y vigilancia de su representante legal, y en la imposición de un régimen de presentaciones por ante la sede de este Tribunal cada (08) días, y la presentación una (01) persona que se constituya como fiador, para cada uno de los adolescentes anteriormente mencionado.....

Esta Juzgadora para decidir observa que la solicitud formulada por el Ministerio Público, no es contraria a derecho y tomando en cuenta que se trata de tutelar bienes muebles de carácter público como lo es el dinero aportado por la Alcaldía del Municipio Girardot de este estado, a dicha caja y considerando así mismo que se está perjudicando los ahorros de los trabajadores que en ella se encuentran depositados, aunado a que la presente emana del titular de la acción penal, el cual posee elementos suficientes para considerar en la presente el periculum in mora y el daño inminente que sustenta la presente, los cuales son los presupuesto necesarios establecidos en las normas adjetivas, citadas, en ejercicio de los principios consagrados en el artículo 49 del texto constitucional garantes del debido proceso y a las facultades espacialísimas que tenemos asignadas los Jueces de Control en cuanto a la tutela judicial efectiva, por todo lo cual se declara CON LUGAR, lo solicitado, y en tal sen.....

Ahora bien, encuentra este Sentenciador, que con base a las consideraciones antes formuladas y los soportes traídos a los autos, le resulta jurídicamente imposible determinar en base a qué conceptos fueron cancelados los montos supra indicados, resultando de una operación matemática simple, la conclusión de que habiéndose verificado un pago por la Administración; este resulta insuficiente para cubrir en su totalidad, lo adeudado a la parte recurrente; teniéndose el mismo como pago parcial respecto de lo reclamado en autos, a lo cual debemos aunar, que conforme al razonamiento legal planteado, resultan procedentes los conceptos demandados por esta vía funcionarial. Así se decide.

Por lo antes expuesto, y con primacía a lo probado y contenido en el presente expediente, este Tribunal declara Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales, interpuesto por el ciudadano Anacleto Ramón Cabrera, contra el Instituto de Policía del Estado Aragua (INPO ARAGUA).

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente señalado, este Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: PRIMERO: Declarar cumplida la pena que le fue impuesta al ciudadano: MORALES HERNANDEZ ALFREDO NAYIB, titular de la cédula de identidad N° 6.644.327, mediante sentencia firme dictada en fecha 18-09-1998, por el Extinto Juzgado Quinto en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que lo condeno a cumplir una pena por el lapso de CUATRO(04) AÑOS DE PRESIDIO, por la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, previsto y sancionado en el Artículo 412 en relación con el artículo 407 del derogado Código Penal, la cual fue ejecutada en fecha 20-11-1998, por el extinto Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y como consecuencia de ello, se Decreta la extinción de responsa.....