(...) este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR los Recurso Contencioso Tributario, acumulados, interpuesto por la Sociedad Mercantil GIOVANNI Y CARLO OLIVIERO, SNC, plenamente identificada en autos, contra las: i) Actas Fiscales números HIR-C-0201467 y HIR-C-0201469, ambas de fecha 9 de septiembre de 1968, que dieron origen a las Planillas Complementarias de Liquidación números 812417, M-812417, 812418 y M-812418, por montos de Bs.7.906,33, Bs. 8.301,64, Bs.41.092,75 y Bs.49.958,61, respectivamente, todas de fecha 6 de diciembre de 1968, por concepto de impuesto y multas emanada de la Administración General del Impuesto sobre la Renta; ii) Actas Fiscales números HIRC-020-1470, HIRC-020-1471 y HIRC-020-1473, todas de fecha 9 de septiembre de 1968, que dieron origen a las Planillas Complementarias de Liquidación números 3805540, 980-5540, 3805541, 9805541, 3805.....

(...) este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara parcialmente CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario, acumulados, interpuesto por la Sociedad Mercantil SOCIEDAD ANONIMA TECNICA DE CONSERVACION AMBIENTAL DE VALERA (SATECA VALERA), plenamente identificada en autos, contra la Resolución número HRA-500-DSA-0122, de fecha 29 de junio de 1992 y las Planillas para pagar liquidación números 05-10-1-1-66-00060; 05-10-2-1-66-00060 y 05-10-3-1-66-00066, por un monto total de tres millones cuatrocientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y uno con dieciocho céntimos (Bs. 3.497.491,18), todas de fecha 06 de agosto de 1992, por concepto de impuesto, multas e intereses, emanadas de la Dirección Sectorial de Rentas de la Administración de Hacienda Región los Andes.

Tal como se señaló ut supra, la Representación Judicial de la República, en el escrito de informes, se adhirió a la solicitud de la recurrente al consignar los originales de las planilla del pago correspondientes a la obligación tributaria impugnada en el presente Recurso Contencioso Tributario, por cobro de derechos fiscales, montante en Setecientos setenta y un mil bolívares (Bs. 771.000,00), por concepto de multas, constituyendo prueba fehaciente para demostrar: primero, la extinción de la obligación tributaria, de conformidad con lo establecido en el numeral 1, del artículo 39 del Código Orgánico Tributario, y, segundo, la intención de la recurrente de la culminación de este proceso judicial sin pronunciamiento alguno sobre el fondo de la controversia; en consecuencia, este Tribunal, considera que no existe materia sobre la cual decidir. Así se declara.

Frente a la presunción de legitimidad de los actos administrativos como fuente de inversión de la carga de la prueba, este juzgador antepone la protección del principio de tutela jurisdiccional efectiva, consagrada constitucionalmente en el artículo 26 de la vigente Constitución. En efecto, este juzgador no comparte el criterio de que por el hecho de que la administración pública haya dictado un acto administrativo, algunas veces arbitrario, el órgano jurisdiccional deba dar por ciento todo su contenido en tanto el sujeto a quien va dirigido (el particular), no pueda probar lo contrario en el proceso; por ello se considera que "la presunción de legalidad del acto administrativo no exime a la Administración de la carga de probar esa legalidad, ya que cuando el interesado la cuestiona por medio del recurso correspondiente, ese principio deja de amparar la declaración de voluntad del sujeto administrativo, quien tendrá que probar que el acto dictado es conforme a derecho, es decir, que .....

Siendo que la causa objeto de esta decisión llega a este Tribunal como consecuencia de la interposición del Recurso Contencioso Tributario interpuesto, en forma subsidiaria al Recurso Jerárquico, encuentra este Juzgador que nada nuevo aportó el contribuyente durante el proceso, capaz de modificar la decisión administrativa, por una parte; por la otra, que se observa que los planteamientos expuestos en el escrito recursorio ya fueron apreciados por la decisión administrativa; razón por la cual, siendo que las multas impuestas y confirmada por el acto recurrido no presenta vicios de ilegalidad, ni es contraria a derecho, no existiendo en autos otros recaudos o elementos que permitan apreciar su ilegalidad, el Tribunal la considera procedente, por cuanto la misma es producto del incumplimiento del deber formal en materia de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, de presentar, oportunamente, la declaración del referido impuesto, correspondientes a los períodos de im.....

Sobre la base de los motivos expresados anteriormente, este Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDAS DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVAS DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos BERBESI GARCÍA JOSÉ ALFREDO, ESCALANTE IBARRA FRANKLIN DANIEL y RAMOS SANTANA CHARET SASMIRA, ampliamente identificados en autos, por considerar llenos los extremos exigidos por el articulo 250 ordinales 1º, 2º y 3º del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 251 ordinal 2° y Parágrafo Primero, ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la precalificación hecha por la vindicta pública de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en perjuicio de quien en vida se llamara JOSE ALEXANDER RAMIREZ SUAREZ y ROBO AGRAVADO, cometido en perjuicio de BLANCO RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO, previstos y sancionados en los artículos 406 ordinal 1º y 458, ambos del Código Penal, este Tribunal la acoge,...Se acuerda imponer al adolescente HERNANDEZ JHONNY ANIBAL la Medida Cautelar, solicitada por el Representante del Ministerio Público, es decir, la prevista en el articulo 582 literal “g” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual consiste en la obligación del precitado adolescente de presentar por ante este Tribunal CUATRO (04) Fiadores que devenguen cada uno la cantidad CUARENTA Y CINCO (45 UT) Unidades Tributarias,...

La orientación y supervisión en el presente caso se seguirá por ante este tribunal. RESOLUCIÓN: Por lo antes señalado, este JUZGADO TERCERO DE CONTROL DE LA SECCIÓN PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DICTA: LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE CONCILIACIÓN, CON LA SANCIÓN DE IMPOSICIÓN DE REGLAS DE CONDUCTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 624 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA POR EL LAPSO DE TRES (03) MESES. La presente RESOLUCIÓN DE CONCILIACIÓN, ha sido dictada en el día de hoy veinticuatro (24) de mayo de 2006. LA JUEZ ENCARGADA DRA. AURA CELINA ARRIETA PÉREZ LA SECRETARIA ABG. ADRIANA ESTRADA. En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado por este juzgado.

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE EJECUCIÓN EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES ACUERDA; ÚNICO; Negar la solicitud realizada por los abogados RAFAEL ALBERTO MAIMONE Y SULIMAR RIVAS, en condición de Defensores Privados del mencionado ut-supra, toda vez que es ampliamente conocido por el referido Adolescente que el mismo debe permanecer en el Centro Carolina Uslar Semi-Libertad los días feriados ( Sábado y Domingo) siendo estos días los de mas ardua labor del Equipo Multidisciplinario, a fin de lograr las metas establecidas en el Plan Individual, considerando este Tribunal que la actividad que desea realizar el Adolescente conjuntamente con sus Compañeros de Estudio es perfectamente realizable en días de semana; de esta manera no interrumpe la buena marcha y desarrollo del Plan Individual y la labor que debe realizar Conjuntamente con el equipo multidisciplinarío, para así dar cumplimiento efectivo a la medida de Semi-Libertad. CÚMPLASE. LA JUEZA DRA. LIZBETH KARIM LÜDERT SOTO. JUE.....

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Juzgado Octavo de Control de la Sección de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, REVOCAR LA MEDIDA CAUTELAR, impuesta en la Audiencia de Calificación de Flagrancia de fecha 24-08-05 al adolescente (a quien se le omite el nombre, respetando así, el principio de confidencialidad, de conformidad con el Artículo 535 de nuestra Ley Especial) de conformidad con el articulo 262 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en su lugar se acuerda Librar ORDEN DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE, de conformidad con el articulo 617 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente