Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente demanda de Cobro de Bolívares, incoada por la SOCIEDAD MERCANTIL TEXTIL SAN PABLO C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 26 de octubre de 1987, bajo el Nº 81, Tomo 265-A, en la persona de su Director, ciudadano FRANCISCO FERNÁNDEZ PIEDRAHITA, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.681.135 y de este domicilio, debidamente asistida por los ciudadanos abogados, Leonel De Jesús Campos Sifontes y Nora Reyes Ponce Inpreabogado Nros. 48......

es por lo que este Tribunal se declara INCOMPETENTE, para conocer de la presente acción, y en consecuencia DECLINA la competencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral con sede en Cagua, para que conozca de la misma, remítase el presente expediente original mediante oficio en su oportunidad legal correspondiente

en consecuencia DECLINA la competencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral con sede en Cagua, para que conozca de la misma, remítase el presente expediente original mediante oficio en su oportunidad legal correspondiente.- Líbrese Oficio.- Cúmplase.

Siendo así, considera este Juzgador, que el solicitante al no aportar ninguna afirmación ni hacer valer material probatorio alguno destinado a demostrar la ocurrencia del requisito del periculum in damni se tiene como no demostrado el mismo; así como, que el Juez de la causa, al suplir oficiosamente la actividad de una de las partes, yerra e incurre en violación de los principios fundamentales del proceso civil y que inciden en el decreto de las medidas cautelares; asimismo, dado el carácter concurrente de los requisitos mencionados, al no ser demostrado el periculum in damni, considera inoficioso este Juzgador pronunciarse con relación a los requisitos del fumus boni iuris y periculum in mora. Así se declara.