Por todas las razones anteriormente expuestas y con fundamento en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Aragua en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara CON LUGAR la demanda intentada por JOSÉ MANUEL GÓMEZ y condena a la demandada CONSTRUCCIONES C.P.,C.A. a pagar la cantidad de cinco millones ciento cuatro mil novecientos setenta y ocho bolívares (Bs. 5.104.978,00) por concepto de prestación por antigüedad prevista en la norma contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones y bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, indemnizaciones previstas en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, salarios caídos y derecho previsto en la Ley de Alimentación Para Los Trabajadores. Se condena a la demandada al pago de las costas, por haber resultado totalmente vencida, de conformidad .....

Este Tribunal visto el acuerdo alcanzado entre la partes en el día de hoy, declara concluida la Audiencia Preliminar y deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajadora, ni normas de orden público, se le imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dándole efecto de cosa juzgada, y se ordenará el cierre y archivo del expediente una vez que conste en autos el ultimo pago. Finalmente la ciudadana Juez, ordenó la lectura íntegra de la presente acta quedando así los asistentes debidamente notificados de su contenido. Dándose por cerrado el acto a las 10:10 a.m. de hoy, 06 de julio de 2007. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman

es por lo que este Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Régimen Procesal Transitorio como del Nuevo Régimen del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, sede La Victoria en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA de conformidad con lo establecido en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE DESPIDO, en contra de la empresa PRODUCTORA EL SIMBOLO, C.A.

es por lo que este Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución tanto del Régimen Procesal Transitorio como del Nuevo Régimen del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, sede La Victoria en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA de conformidad con lo establecido en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE DESPIDO, en contra de la empresa PLUMROSE LATINOAMERICANA.

DECISION Por todas las razones y motivos aquí expresados este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de CALIFICACIÓN DE DESPIDO incoada por el ciudadano AMERICO DA SILVA CALCA contra la empresa CONSTRUCCIONES METALICAS C.A. (PROCOMETAL), ambos plenamente identificados en autos. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Se ordena el REENGANCHE del trabajador a su sitio de trabajo y bajo las mismas condiciones que tenía antes de iniciarse el presente procedimiento. ASI SE DECIDE. TERCERO: Se condena a la demandada a cancelar al trabajador los SALARIOS CAÍDOS dejados de percibir desde la fecha de la notificación del presente juicio hasta la ejecución del fallo, calculados sobre la base salarial de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. Bs.2.800.000,00). ASI SE DECIDE. CUARTO: Se i.....

Por que este Tribunal, considera que la solicitud efectuada por la parte actora, debe ser declarado improcedente por insuficiencia argumentativa y probatoria, por cuanto no cumple con la carga procesal de la alegación de los extremos o condiciones requeridas por el legislador para su decreto, y así lo hará este Tribunal de manera positiva y expresa de seguidas. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los Ciudadanos y Ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE PROVIDENCIA CAUTELAR , SOLICITADA POR LA PARTE ACTORA.

III. DECISIÓN: Por todas las razones anteriormente expuestas, y en ejercicio de la función jurisdiccional del Estado para amparar la armonía social, con base a los ideales de una justicia accesible, imparcial, transparente, autónoma, responsable, equitativa y expedita este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA, actuando en sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la pretensión de la solicitud de la REPOSICION DE LA CAUSA planteada por la parte presuntamente agraviante y SIN LUGAR la solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL ejercida por los ciudadanos VICTOR MANUEL QUINTERO y ADRIAN OLAIZOLA, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 4.289.393 y 10.359.674, respectivamente, representados por el abogado en ejercicio REYES JOSE SALDOVAL CARDONA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 101.299, en co.....

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de procedimiento Civil. Se ordena el archivo del presente expediente.- PUBLIQUESE Y REGISTRESE. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOT Y MARIO BRICEÑO IRAGORRY DEL ESTADO ARAGUA. En Maracay a los 06 días del mes de Julio de dos mil siete (2.007).- 196° de la Independencia y 147° de la Federación. LA JUEZ., ABG. MARY FERNÁNDEZ PAREDES., LA SECRETARIA., ABG. SOL SCARLET DIAZ., En esta misma fecha siendo las 11:00 A.M. previa las formalidades de ley, se publico y registró la anterior decisión.-.....

Por que este Tribunal, considera que la solicitud de medida de secuestro, efectuada por la parte actora, debe ser declarada improcedente por insuficiencia argumentativa y probatoria, por cuanto no cumple con la carga procesal de la alegación de los extremos o condiciones requeridas por el legislador para su decreto, y así lo hará este Tribunal de manera positiva y expresa de seguidas. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los Ciudadanos y Ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO FORMULADA POR LA PARTE ACTORA.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CONSTITUIDO EN SEDE CONSTITUCIONAL, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentado por el ciudadano EUFRACIO ENRIQUE RODRIGUEZ SANTANA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.308.181, de este domicilio contra la ENTIDAD FINANCIERA BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, domiciliada en la avenida Bolívar, Centro Comercial Parque Aragua, por la presunta violación a su derecho a tener acceso al aporte de los datos e información previsto en el artículo 28, 49 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo de conformidad con la norma prevista en el numeral 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.