PRIMERO: HOMOLOGAR el desistimiento del procedimiento incoado por abogado JUAN PABLO ZEIDÉN MARTÍ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 68.202, en su carácter de apoderado judicial de la entidad de trabajo CENTRAL EL PALMAR, S.A. SEGUNDO: Se ordena las notificaciones de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Ribas, Santos Michelena, Revenga, Tovar y Bolívar del estado Aragua con sede en La Victoria; así como de la Procuraduría General de la República y del Fiscal Superior del Ministerio Público del estado Aragua; mediante oficios, a los fines de poner en conocimiento de la Homologación del presente Desistimiento. Se ordena exhortar amplia y suficientemente a los Tribunales de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que practiquen la notificación del Procurador General de la República. Líbrese Oficios. TERCERO: Se ordenará el cierre y archivo del presente expediente una vez que transcurra el lapso correspondiente para que las partes ejerzan los recurso.....

PRIMERO: INCOMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso de nulidad interpuesto por la abogada Carolina de Jesús Walther Mendoza, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 48.913, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil GLOBAL TRANSPORTATION, C.A. contra de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo. SEGUNDO: Se ordena remitir mediante oficio, las presentes actuaciones a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Vistos los escritos de promoción de pruebas presentados por las partes en la presente causa, este Tribunal Segundo de Juicio en uso de las atribuciones que le confiere la Ley, a los fines de providenciar las mismas, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se pronuncia en los siguientes términos:

Este Juzgado Segundo de Juicio, actuando como Rector del Proceso a fin de garantizar una justicia rápida, oportuna, eficaz y de garantizar el derecho a la defensa e igualdad entre las partes tal y como lo prevé el artículo 257 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo ADMITE cuanto ha lugar en derecho