Asimismo se observa, que partiendo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en donde esta previsto el lapso de caducidad de seis (06) meses, para intentar las acciones o recursos de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares, nos encontramos, con que si bien la parte recurrente no consignó el Acto Administrativo contentivo de la Autorización impugnada ni hizo mención alguna en cuanto a la fecha de su emisión; tenemos que según lo expuesto por el Apoderado Judicial de la Administración que dictó el acto recurrido, dicho Acto Administrativo tuvo lugar en fecha 09 de marzo de 2006, siendo que, a la fecha de presentación del escrito recursorio; 13 de agosto de 2007, ya había superado con creces, el lapso de los seis (06) meses aludido, lo que se evidencia de las copias certificadas de los Antecedentes Administrativos, lo que conlleva inexorablemente a la Inadmisibilidad de la Acción. Ello así, y con fundamento a las r.....

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, Con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Que es competente para conocer de la presente Solicitud de Amparo Constitucional interpuesta conjuntamente con Medida Cautelar Innominada, (...) SEGUNDO: ADMITE la Acción de Amparo Constitucional propuesta, por no encontrarse incursa en los supuestos del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia se ordena notificar al Ciudadano: Presidente del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua, Parte Presuntamente Agraviante, para que concurra a enterarse del día y hora de la Audiencia Constitucional que fije el Tribunal una vez que conste en autos, la última notificación en el presente Expediente, .....

Como bien lo señala la parte recurrente, en su escrito libelar, solicita por vía cautelar, la Suspensión de los Efectos de la Providencia Administrativa, en virtud de los graves perjuicios y las lesiones irreparables o de difícil reparación que le causaría a su representada si llegase a ejecutarse la misma; y en tal sentido se advierte, que dicha medida considerada en su total comprensión, no persigue otra finalidad sino, que la de evitar, se causen perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia de fondo que al respecto se emita, en el supuesto que la misma resulte favorable a la pretensión de la parte recurrente; lo cual a su decir causa un daño irreversible e irreparable para su poderdante; ante lo cual advierte este Despacho, que habiendo revisado y analizado en forma minuciosa y con sumo detenimiento las actas que conforman el presente expediente, no se observó la consignación de documentación suficiente, que fundamente la presunción del buen derecho, invocada por.....

Ahora bien del análisis del libelo de demanda se observa claramente que la parte actora no específica de manera clara y expresa, de donde dedujo el monto de Bs. 1.790.262,00 como supuesto salario integral, y como determinó los diferentes montos por concepto de prestaciones sociales, requisito este indicado en el ordinal 3 del articulo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Publica que establece: "Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance ". Por lo que forzosamente debe declararse con lugar la cuestión previa opuesta contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y ordenar la subsanación de la misma, mediante la presentación de un escrito o diligencia que reúna los requisitos antes transcritos, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes a que conste en autos la ultima notificación que se hagan de las partes de la presente decisión, de lo co.....

Como corolario de lo antes expuesto, se evidencia de las actas del expediente que la parte demandada no logró en modo alguno demostrar la veracidad de su defensa y consecuentemente destruir la pretensión del actor, pues teniendo la carga de probar, no lo hizo, además se desprende del escrito presentado al momento de la contestación de la demanda la aceptación expresa sobre la existencia del bien inmueble objeto de la partición y que este fue adquirido dentro del matrimonio formando parte de la comunidad conyugal, en consecuencia, por existir instrumento fehaciente que acredita la existencia de la comunidad conyugal sobre dicho bien inmueble. se señala que es forzoso concluir en la declaratoria "Con Lugar" de la presente demanda incoada en su contra, por todos los fundamentos antes expuestos. Y Así se Decide., por lo que en consecuencia se ordena la partición del referido inmueble correspondiéndole a cada una de las partes el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de esta propied.....