Por todos los fundamentos de hecho y de derecho, antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: NO HA LUGAR LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS, en la presente demanda relacionada con FRAUDE PROCESAL, interpuesta vía autónoma, por la ciudadana MARIA DE JESUS ESPINOZA, en contra de los ciudadanos LUIS ADOLFO ALVARADO ALCOCER y RORAIMA ARACELIS CACERES BARULE, ut supra identificado en el encabezado del presente fallo. No hay condenatoria en costas, en virtud de la decisión del presente fallo. Por último, en virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera de lapso, este tribunal deberá ordenar la notificación de la parte actora a los fines de garantizar el debido proceso que debe regir en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República Bo.....

´Con fundamento a las razones anteriores, resulta forzoso para esta directora del Proceso, arribar a la conclusión de que la demanda incoada resulta INADMISIBLE por inepta acumulación de pretensiones y por tanto, ser esta contraria a derecho. Así se declara. En virtud de la naturaleza de la decisión recaída en la presente causa, este Tribunal en modo alguno emite pronunciamiento respecto al fondo de la causa en el presente juicio. Así se declara.-´

En corolario, éste JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 641 de la ley adjetiva civil y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, asume la competencia. Y así se declara. Por último, en virtud que la presente decisión debe ser considerada como dictada fuera de lapso, este tribunal deberá ordenar la notificación de la parte actora a los fines de garantizar el debido proceso que debe regir en todas las actuaciones judiciales y administrativas de la República Bolivariana de Venezuela, todo en conformidad a los artículos 14, 16, 233 del Código de Procedimiento Civil.