IV. DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el 01.12.2005 (f. 98) por el ciudadano Eddie Morales, asistido de abogado, en su carácter de Presidente de la compañía C.A. SANTAECA, parte actora, contra la decisión interlocutoria con fuerza de definitiva, dictada en fecha 23.11.2005 (f. 85) por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró perimida la instancia, en el juicio de reivindicación seguido por la actora-apelante contra la compañía VAN RAALTE DE VENEZUELA C.A. SEGUNDO: PROCEDENTE la perención de la instancia, decretada de oficio, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Ci.....

V.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NO HA LUGAR A PRONUNCIAMIENTO sobre la apelación interpuesta el 03.10.2005 (f. 107) por el abogado Ismael Fernández, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadano JEAN WECKSLER ROTHMAN, contra la decisión definitiva dictada el 12.05.2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró (i) sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción a compra interpuesta por el ciudadano JEAN WECKSLER ROTHMAN contra el ciudadano JOSÉ ANTONIO BORGES ARNESES; (ii) con lugar la demanda en tercería interpuesta por la ciudadana MORELLA GALLO DE BORGES contra los c.....

DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por prestaciones sociales incoada por la ciudadana NELLY MAGALLY CAMPOS YANES contra la SOCIEDAD MERCANTIL HUMBERTO RODRIGUEZ, CORRETAJE DE SEGUROS. SEGUNDO: Se ordena a la demandada cancelar a la demandante la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 221.686,92) por concepto de Prestaciones Sociales y otros. TERCERO: Se ordena la corrección monetaria de la suma señalada en el punto anterior de esta dispositiva en virtud de que la misma no se encuentra ajustada a las nuevas condiciones creadas por la inflación monetaria en el País desde la fecha de admisión de la presente demanda hasta la ejecución del presente fallo, el cual deberá ser calculada por un único experto el cual deberá utilizar como base el índice inflacionario y la respectiva corrección monetaria, acaecido en el país durante el periodo ya indicado y arrojado por el BANCO CENTRAL DE VE.....

de los autos se desprende que los ciudadanos HECTOR WILSON CARBALHO, LAURINA DE FREITES y JORGE ATIQUE, en ninguna forma fueron codemandados en forma personal y de manera solidaria en el juicio que se entabló contra la demandada AUTO MATCH, CA, por lo cual la sentencia que se produjo por admisión de los hechos solo obra contra ésta última, mal puede este Tribunal en esta fase del proceso y precisamente acogiendo la jurisprudencia citada por la propia accionante, extender los efectos del fallo, contra las personas naturales a que hace alusión la apoderada judicial de la parte actora, porque tal situación si daría cabida a una violación del derecho a la defensa y del debido proceso sagradamente contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, por lo cual dicha solicitud debe ser declarada IMPROCEDENTE

V.- DISPOSITIVA.- En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NO HA LUGAR A PRONUNCIAMIENTO sobre la apelación interpuesta el 26.10.2005 (f. 115) por la abogada Soraida Gouverneur Blanco, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano PRÓSPERO GUILLERMO RODRÍGUEZ contra la decisión definitiva dictada el 23.05.2005 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró (i) con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción a compra interpuesta por los ciudadanos JOAQUÍN JOSÉ URBINA CÓRDOVA y LIDE JOSÉ JIMÉNEZ contra el ciudadano PRÓSPERO GUILLERMO RODRÍGUEZ G.; (ii) sin lugar la reconvención interpuesta por la ciuda.....

En lo referente a la Obligación Alimentaria, se ratifica lo acordado por las partes en su escrito de solicitud, el padre se compromete a pasar como obligación alimentaria de sus hijos, la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs.2.230.000,oo) mensuales los cuales entregará a la madre mediante depósito bancario que deberá realizar dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes en la cuenta corriente del Banco Mercantil No.01050151281151011711, a nombre de la madre. El primer pago deberá realizarse vencido el primer mes de decretada la presente separación de cuerpos y bienes. A parte de lo anterior, el padre queda obligado a cubrir los gastos por pago de medicina, atención medicina y demás clínicas si fuere menester, así como también los gastos de ropa libros, cuadernos, transporte uniformes y todos los enseres escolares que exijan los Institutos Educacionales y Maternales en donde los referidos niños reciban su educación y/o atención infantil. Como quiera q.....

Visto el acuerdo suscrito por las partes antes mencionadas y por cuanto el mismo satisface las necesidades de los niños, esta Sala de Juicio III del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, le imparte su respectiva HOMOLOGACIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.