En base con las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente señaladas, este Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Sur-Oriental, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declaró: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional conjuntamente con Medida Cautelar Innominada de Suspensión de los Efectos, interpuesta por el Abogado Argenis Villanueva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 37.759, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano HERIBERTO ANTONIO URQUIA MORILLO, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad Nº 15.904.592, contra las presuntas Vías de Hecho o actuaciones realizadas por los Concejales, ciudadanos MARCOS MORILLO, CARLOS REQUENA, JOSÉ LUGO y ROSALÍA GONZÁLEZ.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARÓ: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la querella funcionarial. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano PEDRO ASCANIO, representado por la abogada Aura Marina Monroe, ambos identificados, contra el Municipio Punceres del estado Monagas. TERCERO: ORDENA la cancelación al querellante por el Municipio Punceres, de la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL, CUATROCIENTOS DIEZ BOLÍVARES, CON SEIS CENTIMOS (Bs. 59.410,06) por concepto de vacaciones no disfrutadas y bonificación de fin de año.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Impartiendo Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley. DECLARO: PRIMERO: PROCEDENTE, la Medida. SEGUNDO: ORDENA, al solicitante presentar una caución a satisfacción del Tribunal equivalente a Quince (15) salarios mínimos mensuales a razón de Mil Doscientos Veintitrés con Ochenta y Nueve Céntimos (1.223, 89Bs. F), según Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.417, de fecha 05 de Mayo de 2010. Para lo cual se le conceden Quince (15) días hábiles al solicitante para consignar la caución aquí exigida, una vez que se encuentre notificada en auto, de lo contrario se revocara la medida. TERCERO: SUSPENDE, los efectos del Acto Administrativo impugnado por la Providencia Administrativa N°.00033-09, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 19 de enero del año 2009. CUARTO: SE ACUERDA, abrir Cuad.....