DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar la querella interpuesta por la ciudadana ADA MARÍA SEGOVIA, representada por los abogados JESUS MONTES DE OCA Y KATIUSCA MONTES DE OCA, ampliamente identificados en la motiva de la presente decisión, contra los actos administrativos de disponibilidad y retiro s/n de fecha 15 de noviembre y 15 de diciembre de 2005, respectivamente, suscritos por la Presidente suplente de la Cámara Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, los cuales se Anulan. SEGUNDO: Se Ordena la reincorporación de la querellante al cargo de Difusor Social o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración. TERCERO: Se Ordena la realización de una experticia complementaria del fallo a los fines del cálculo del pago de los sueldos dejados de.....

este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley en el juicio que, por Resolución de Contrato de Compra-Venta, intentó el ciudadano Antonio Orlando Suárez Martel, contra los ciudadanos Silvia Ida Bay Calligaro y Andrés Valentín Bay Calligaro, partes ya identificadas en esta sentencia, decide así: PRIMERO: Se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL PROCESO en el presente juicio. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el artículo 233 ejusdem, se ordena la notificación de las partes de la presente decisión. PUBLÍQUES.....

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 641 en concordancia con lo previsto en el artículo 41 ambos del Código de Procedimiento Civil, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO, para conocer de la presente causa, que por COBRO DE BOLÍVARES (PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN) sigue la Sociedad Mercantil CORPORACION CANDYVEN C.A. contra la Sociedad Mercantil CHOCOISLA MARGARITA C.A.; y por tanto, declinó la competencia en un Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para que previa la correspondiente distribución, siga conociendo del juicio instaurado.

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal se declaró INCOMPETENTE POR LA MATERIA y DECLINÓ el conocimiento del AMPARO interpuesto el día 09 de Diciembre de 2.009, por los ciudadanos MARIA AUXILIADORA GARCIA DE CASSANI y CELSO NIETO URBINA, debidamente asistidos por el abogado Ángel Negrin, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 137.380, en un Tribunal de Primera de Juicio Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, remítase -anexo a oficio- el presente cuaderno distinguido con el No. AN33-X-2009-000085, contentivo de las actuaciones relativas al mismo, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgado de Juicio Laborales, a los efectos de que, previa distribución de ley, determine el Juzgado a quien corresponda su conocimiento y sustanciación.

Promovió la exhibición de documentos que pueda presentar el Banco Provincial, Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) de la instrumental marcada con la letra I. Al respecto este Tribunal niega su admisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el referido artículo establece que la exhibición de documentos recae es en el adversario del promovente de la prueba, no de un tercero que no es parte en el presente juicio, por ende la presente promoción es ilegal. Así se establece.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos de hecho y de derecho este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley acuerda lo siguiente: ÚNICO: NIEGA la solicitud de fecha 14 de diciembre de 2009, interpuesta por el ciudadano JOSÉ R. DÍAZ. O., Abogado en ejercicio y de este Domicilio, en su carácter de defensor del ciudadano MARCOS ROMMEL SÁNCHEZ DIAZ, acusado en la causa signada bajo el Nº 1J-529-09, de la nomenclatura llevada por este Tribunal, mediante el cual requiere a este Juzgado el examen y revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad a la que se encuentra actualmente sometido su defendido por cuanto las circunstancias que dieron origen a la medida impuesta no han variado, razón por la cual se mantiene la medida impuesta en las mismas condiciones en las que fue otorgada.

DISPOSITIVA Por los fundamentos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: NIEGA la revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, solicitada por la Abogada ORLETY PIÑANGO, en su carácter de defensora del acusado ALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, por no haber cambiado hasta este momento procesa, las circunstancias que motivaron dicho decreto en la fase preparatoria del presente proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el articulo 244 Ejusdem. SEGUNDO: se RATIFICA como fecha cierta para la celebración del Juicio Oral y Publico que será dirigido por un Tribunal Unipersonal, el día 18-01-2010, a las once horas de la mañana (11:00 a.m.). Regístrese, publíquese, déje.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado 2º de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: NULIDAD ABSOLUTA DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR celebrada en fecha 01-09-2004 ante el Juzgado 10º de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, reflexionando que debe celebrarse una nueva audiencia preliminar ante la Instancia competente, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que ha sido vulnerada la disposición establecida en el artículo 49 numeral 3 Constitucional. Regístrese, cúmplase y notifíquese.

En lo que se refiere a las pruebas documentales contenidas en el Capítulo I del identificado escrito, este Tribunal las admite en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. En lo que se refiere al traslado de pruebas contenida en el capitulo II del identificado escrito, este Tribunal las admite en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, en consecuencia se ordena el desglose del acta de inspección judicial, de fecha 18 de junio de 2.009, el cual cursa en la solicitud de Medida Cautelar Agraria, contenida en el expediente signado con el Nro. 2.009-003, de la nomenclatura particular de este despacho, a los fines que sea agregado al presente expediente. En cuanto al escrito de oposición cursante desde los folios 216 al 218 del presente expediente, presentado por la ciudadana abogada YDALIA JOSEFINA MARTINEZ HIGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 61.475, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte recurrente, contra la .....

este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la solicitud que por RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE DEFUNCIÓN, propusiera la ciudadana ANA CASIMIRA TRUJILLO DE MORILLO, identificada al inicio de este fallo. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.