declara: Primero: Con lugar la acción de amparo constitucional, intentada por el ciudadano Manuel Yoguard Castillo Suniaga contra la sociedad mercantil Hotel Cumberland C.A. En consecuencia, se ordena a ésta última a dar inmediato cumplimiento a la orden de reenganche y pago de salarios caídos dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas en fecha 26 de mayo de 2009, mediante la cual ordenó la reincorporación del trabajador accionante en las mismas condiciones que tenía para el momento de su írrito despido, con el expreso mandamiento que el presente dispositivo debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. Segundo: Se condena en costas a la parte agraviante de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la norma anteriormente transcrita y acogiéndose a la misma, este Tribunal administrando Justicia, en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN en todas y cada una de sus partes a la Transacción celebrada entre las partes en fecha 06/12/2012, en el juicio que por DESALOJO tiene incoado GUSTAVO ANGULO contra SOCIEDAD MERCANTIL VEPACO, C.A., anteriormente identificados y acuerda proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR las cuestiones previas propuestas por la parte demandada en contra del actor; contenidas en el artículo 346 CPC en su ordinal 6º (con relación a los requisitos del libelo de demanda exigidos en los ordinales 3º y 6º del artículo 340 CPC). SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda que por desalojo intentó la sociedad de comercio ORIENTACIÓN, ESTUDIO Y TRABAJO, ORIESTA, C.A. en contra de la también sociedad de comercio WORKCOM, C.A. TERCERO: Por la naturaleza de la condenatoria recíproca, no se condena en costas a ninguna de las partes. Habiendo sido dictada la presente sentencia fuera del lapso natural, será necesaria la notificación de las partes. Regístrese, publíquese y déjese copia en el archivo de este Juzgado.

Se dicto Sentencia Interlocutoria con fuerza de definitiva mediante la cual se declara que se trata de una transacción celebrada con la finalidad de poner fin al juicio que ya había sido incoado y que se encontraba en fase de ejecución para el momento en que fue formulada ante un Notario Público, Por tal razón este Juzgado declara que efectivamente se trata de una transacción judicial, en la cual la parte demandada solicitó algunas concesiones de la accionante, quien a su vez lo aceptó. Se observa igualmente del documento analizado, que la parte demandada, comprendida por la sociedad mercantil PUBLICIDAD VEPACO, C.A., actuó debidamente representada por un abogado, según se desprende del poder cursante en autos, autenticado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, anotado bajo el N° 39, Tomo 90 y en el que se le otorga facultad para celebrar la transacción. En cuanto a la apoderada judicial de parte actora, se observa que tiene la facultad para celebrar.....

Por todas las razones expuestas, este JUZGADO SUPERIOR NOVENO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acatando la jurisprudencia anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, se fija el DECIMO (10mo.) día de despacho a partir de la presente fecha, para dictar sentencia definitiva en Alzada en este proceso. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia, expídase copia certificada, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Noveno Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Palacio de Justicia. En Caracas, a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación. EL JUEZ, CES.....

III DISPOSITIVA Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho precedentes, este JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la oposición formulada por la parte demandada, ciudadana MARIA TERESA MONAGAS HERNÁNDEZ, en fecha 28 de octubre de 2009, contra la MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO, decretada por este Juzgado en fecha 12 de agosto de 2009, la cual recayó sobre el inmueble arrendado y cuyo desalojo se accionara, constituido por: "Un apartamento distinguido con el Nro. 91, piso 9, Torre A del Edificio Parque Araguaney, ubicado en la Avenida Principal de la Urbanización La Boyera, Municipio Baruta del Estado Miranda, cuyo documento de propiedad se encuentra asentado en el Registro Subalterno del Primer Circuito del Registro Público del Municipio Baruta d.....

De la revisión detallada del instrumento de poder que riela en los folios del ocho (08) al diez (10) del expediente, ambos inclusive, se puede evidenciar claramente que la abogada MARÍA DE LOURDES MANCINI, identificada al inicio del presente fallo, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, tiene facultad expresamente conferida por su mandante para realizar en su nombre este tipo de actuaciones judiciales, en tal caso se evidencia que el hecho se subsume plenamente en la norma anteriormente transcrita, asimismo tal como se evidencia que en el presente juicio no ha tenido lugar la contestación a la demanda y el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO fue formulado por el Apoderado Judicial de la parte actora con plena facultad para realizarlo, en consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil declara CONSUMADO dicho DESISTIMIENTO, da por terminado este proceso y ordena el archivo del expediente.

D E C I S I O N Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley en el juicio que por Cobro de Bolívares intentó el Instituto Municipal de Crédito Popular, en contra de los ciudadanos Zulia Lorena Sarmiento Velásquez y Joaquín José González Cruz, partes ya identificadas en esta sentencia, decide así: UNICO: Declara PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que, por Cobro de Bolívares intentó el Instituto Municipal de Crédito Popular, en contra de los ciudadanos Zulia Lorena Sarmiento Velásquez y Joaquín José González Cruz.

decreta la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la pretensión de Resolución de Contrato de Arrendamiento, deducida por la sociedad mercantil Administradora Las Cataratas C.A., en contra de la sociedad mercantil Multicolor 3-L C.A., a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordada relación con lo previsto en el artículo 269 ejúsdem y, en consecuencia, se declara CONSUMADO el presente procedimiento

NIEGA la medida preventiva de secuestro solicitada en la demanda, por la abogada Karina Alexandra Ferreira Vieira, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Administradora Las Cataratas C.A., en la pretensión de Resolución de Contrato de Arrendamiento, deducida en contra de la sociedad mercantil Multicolor 3-L C.A., por no encontrarse llenos los extremos legales establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil