es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa a la medida de secuestro, más aún, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14-02-2004, caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció: "... El otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos...". Por todas las argumentaciones que se han dejado extendidas este Tribunal NIEGA la medida de secuestro y así se decide

es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa a la medida de secuestro, más aún, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14-02-2004, caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció: "... El otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos..." Por todas las argumentaciones que se han dejado extendidas este Tribunal NIEGA la medida de secuestro y así se decide.

Este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, la demanda por Desalojo incoada por YSABEL MARIA DE LA COROMOTO MAYOR YANEZ., en contra del ciudadano CASTOR DE LA CRUZ MEJIAS RIOS, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezamiento de este fallo. En consecuencia, se condena a la parte demandada

se estaría ineludiblemente adelantando opinión sobre el fondo de la controversia que se dirime en el presente juicio, razón por la cual resulta forzoso para esta Juzgadora NEGAR la medida de secuestro solicitada por la parte actora en el libelo de la demanda. Y así expresamente se declara.

Se dictó Sentencia Definitiva, mediante el cual se delcaró: IMPROCEDENTE la pretensión de Desalojo intentada por el ciudadano JOSÉ FRANCISCO ARIAS REYES contra la ciudadana ENIT YOLANDA ZAPATA MENDEZ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte actora por resultar totalmente vencida. Regístrese y publíquese.

En razón de todos los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE la acción de desalojo hecha valer en la demanda incoada por el ciudadano Pablo Martínez Oramas, contra el ciudadano Hugo Mesa Herrera, ambas partes identificadas en el presente fallo, sobre la base de lo previsto en los artículos 341 y 346 ordinal 11º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

En consecuencia, este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara consumado el acto de desistimiento presentado por la parte actora, teniéndose el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil.

es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa a la medida de prohibición de enajenar y gravar, aunado al hecho, de que no indico el bien inmueble sobre el cual iba a recaer la medida, más aún, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14-02-2004, caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció: "... El otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos..." Por todas las argumentaciones que se han dejado extendidas este Tribunal NIEGA la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar y así se decide.

Ahora bien, de las actas procesales se evidencia, que la demanda se admitió el 13/08/2009, posteriormente, en fecha 24-09-09, la parte actora consigno los fotostatos para librar la compulsa para la citación de la parte demandada, y en fecha 29-09-09, el Tribunal libró la compulsa y comisión para la práctica de la citación, y es en fecha 03-12-09, cuando es recibida la comisión en el Juzgado Sexto de Municipio de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien la distribuyó en esa misma fecha al Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual admitió la comisión en fecha 04-12-09, diligenciando el Alguacil de ese Juzgado en fecha 25-02-10, e informando la imposibilidad de practicar la citación de la parte demandada, por lo que es mas que evidente, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisió.....

Es el caso sub iudice, el Tribunal observa que desde el día 11/05/2.009, fecha en la cual el por la abogada JUDITH GARRIDO, I.P.S.A. 66.660, diligenció en el cuaderno de medidas retirando oficio y despacho del decreto de la medida de embargo preventivo, no ha realizado ningún acto procesal, a los fines de la consecución del proceso; lo cual representa una evidente inercia de mas de un (01) año, resultando obvio el transcurso del tiempo mayor que el requerido para la PERENCIÓN de nuestro ordenamiento jurídico. Esta inactividad procesal imputable a la parte actora se encuentra sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, con la figura de la Perención de la Instancia, cuyo efecto se circunscribe y da por extinguido el proceso, no pudiendo promoverse nuevamente sino transcurrido como sean noventa (90) días de verificada la misma. Con fundamento a las anteriores consideraciones, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por auto.....