Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 09 de enero de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay; y en consecuencia SE MODIFICA la anterior decisión. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadano NANCY RAMOS RIVAS, ya identificada, en contra de la sociedades mercantiles COMEDORES GLENDY, C.A., y COMDORES GLADYMAR, C.A., antes identificadas, y en consecuencia SE CONDENA a las demandadas a cancelar a la demandante, la suma determinada en la motiva del presente fallo. TERCERO: Se condena en costas a la .....

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Aragua y Carabobo, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la inhibición formulada por el Abg. Leonardo Jiménez, en fecha veinte (20) de Febrero de 2013, en la Acción de Cumplimiento de Contrato del expediente Nº 2013-0259. (nomenclatura particular de ese despacho), intentada por el abogado en ejercicio ÁNGEL PETRICONE CHIARILLI, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.222.131, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.240, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano JORGE PÉREZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.732.398; contra el ciudadano OCTAVIO PÉREZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.397.909.

Ahora bien, del criterio jurisprudencial que precede, se desprende lo ya aclarado, que no puede interponerse de manera simultanea cuestiones previas y contestación al fondo de la demanda, ya que, se entienden como no interpuestas las cuestiones previas, lo cual se traduce, que la cuestión previa opuesta por la representación judicial de la parte demandada contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, al haber sido interpuesta de manera simultánea con la contestación al fondo de la demanda, así fuera señalada en capitulo distinto, pero en un mismo escrito, se entiende como no propuesta. En todo caso, se hace saber a las partes que en cuanto a la alegada falta de Jurisdicción, este Tribunal se pronunciara como punto previo en la definitiva. Por otra parte, a los fines de dejar claro que no se le está causando indefensión a la parte demandada, al considerar esta Juzgadora que la cuestión previa opuesta se entiende como no promovida a tenor del criterio.....

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Juzgado Segundo Superior del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; declara: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, de fecha 17 de septiembre de 2012. Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase las presentes actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines su cierre y archivo. Remítase copia certificada de la presente decisión, al Tribunal de origen, a los fines de su conocimiento y control. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción .....

De las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el 13 de Diciembre del 2010, no consta en autos actuaciones, de las partes, por lo que ha transcurrido sobradamente el lapso de UN (01) AÑO a que se refiere el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte actora no realizo actividades para impulsar el presente procedimiento, es por lo que su consecuencia legal es la perención de la instancia, en tal razón este Tribunal, Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Ciudad de Maracay, Estado Aragua ,actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley , DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio intentado por OMAR ALFREDO MAGDALENO MENDOZA, titular de la Cédula de Identidad Número 9.467.551 contra "TRANSPORTE AGRORUDAS, C.A.", ut supra identificados.- Y ASI SE DECIDE.- Una vez que haya quedado definitivamente firme la presente decisión, se ordenara su .....

En razón de todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la cuestión previa opuesta con forme al Ordinal 11° del artículo 346 eiusdem, por la parte demandada. En consecuencia, se declara extinguido el proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil. Se condena en costas a la parte demandante en conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes de la presente decisión.-

VII. DISPOSITIVA Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho, jurisprudencial y doctrinarios ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de Apelación interpuesto por el abogado HUGO R. MORENO, inscrito en el Inpreabogado Nº 4.419, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, ciudadana MARIBEL TAGLIAFERRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.219.948., contra la sentencia definitiva dictada en fecha 17 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. SEGUNDO: SE REVOCA, la sentencia dictada en fecha 17 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripci.....

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA EN EL INTERÉS en la solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL hecha por el ciudadano RÓMULO ANTONIO ALVARADO ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.210.487 y de este domicilio, debidamente asistido por la ciudadana abogado Libia Briceño de Zambrano, Inpreabogado 1.739, contra su presunta agraviante ciudadana, ROSA CELENE CHACIN FITT, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-10.670.558 y de este domicilio.

INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por la profesional del derecho, ciudadana ANA CRISTRINA LOPEZ IBAÑEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.679, en su carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil SEANCA CONSULTORES, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 02 de mayo de 2008, bajo el Nº 28, Tomo 33-A., contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS ATANASIO GIRARDOT, MARIO BRICEÑO IRAGORRY, SANTIAGO MARIÑO, FRANCISCO LINARES ALCÁNTARA, COSTA DE ORO Y LIBERTADOR DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAY; a tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.