En abono de lo anteriormente explanado, la Doctrina Patria, en lo que respecta al Derecho Procesal Contemporáneo, ha definido la falta de impulso procesal como la "pérdida del interés procesal" (equiparado al Decaimiento del Interés Procesal) generando así la figura jurídica de la PERENCIÓN o EXTINCIÓN DEL PROCESO, entendiéndose la misma como una sanción para la Parte (o las Partes) por la inactividad procesal o por la falta de impulso a la Causa iniciada. En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara la Perención de la Instancia en razón del DECAIMIENTO O LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL de la presente Causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del vigente Código de Procedimien.....

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía a la Ciudadana: Ana Mireya Valera de González, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal y que resulta procedente su revisión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, por lo que el criterio sustentado, mediante Sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuyo Ponente fue el Magistrad.....

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía e la Ciudadana: MARIS MAGDALIA LARA ACASTILLO, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal y que resulta procedente su revisión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía el Ciudadano: Cruz Alejandro Ochoa, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal y que resulta procedente su revisión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide

CON LUGAR la Demanda de CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCION, interpuesta por la ciudadana MEYLEEN JIN JOA QUINTANA, en interés de los niños XXXXXX E XXXXXX, de seis (6) y Dos (2) años de edad, asistida del abogado MIGUEL ANGEL MORENO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 112.840 incoada contra el ciudadano JORGE VICENTE RANGEL HERNANDEZ. En consecuencia, se condena al demandado de autos, al pago de los siguientes conceptos: 1.- Por OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, el TREINTA POR CIENTO (30%) de su sueldo o salario base mensual, el cual será incrementado automáticamente de conformidad con lo establecido en el artículo 369 de la L.O.P.N.A. que será deducido y retenido por la Institución patrona donde se encuentre laborando el obligado, quien deberá calcularlo y remitirlo a este Tribunal, de FORMA INMEDIATA Y CONSECUTIVA en Cheque de Gerencia a nombre de la madre actora, ciudadana: MEYLEEN JIN JOA QUINTANA. 2.- La retención adicional en el mes de AGOSTO de cada año, de una mensuali.....

SEGUNDO: Por cuanto están llenas las exigencias del artículo 185-A, del Código Civil Vigente, éste Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR, la solicitud de divorcio formulada por los ciudadanos: ELSA CRISTINA GRANJA DE SAINSBURY Y LUIS RAFAEL SAINSBURY SUAREZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº V-4.118.356 y V-3.244.240 respectivamente, y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los unía, contraído por ante el Juzgado Cuarto de Parroquia del Departamento Vargas de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, la cual quedó inserta bajo el acta Nº 14, de fecha 04 de junio de 1.971, según consta de la copia certificada del acta de matrimonio que corre inserta al folio dos (02) del expedi.....

SEGUNDO: Por cuanto están llenas las exigencias del artículo 185-A, del Código Civil Vigente, éste Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de divorcio formulada por los ciudadanos: FREDDY ENRIQUE GRIMAN APONTE y DORIS DESIDERIA HERRERA ambos venezolanos mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.231.902 y V-7.291.588 respectivamente; en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los unía, contraído por ante el Registro Civil del Municipio Girardot del estado Aragua desde el 12 de noviembre de1985 la cual corre inserta bajo el Nº 1.171, Tomo 06, año 1.985 de los Libros llevados por ante esa Oficina y que riela en copia certificada al folio catorce (14) del expediente. Publíquese, Regístrese y Déjese copia del presente fallo. Dada, Sell.....

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION en el procedimiento de DIVORCIO 185-A interpuesto por los ciudadanos PEDRO MOGOLLON PIÑERO y BAUTISTA RAMONA RODRIGUEZ CUBIRO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.266.246 y 9.656.261, respectivamente.-

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION en el procedimiento de DIVORCIO 185-A interpuesto por los ciudadanos OSWALDO ANTONIO VASQUEZ HERNANDEZ y HAYDEE JOSEFINA CEDEÑO CAMPOS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.436.455 y V-5.015.827, respectivamente.-

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION de DIVORCIO 185-A interpuesto por los ciudadanos NIXON ENRIQUE NAVA HERNÁNDEZ y GILDA CAROLINA CORRO TOVAR, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad N° V- 7.182.861 y V- 4.543.367, debidamente asistidos por la abogada en ejercicio MARLENE EGLEE PRINCE NÚÑEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 61.652.