este Tribunal Superior, da por concluido el presente proceso, interpuesto por la Ciudadana: Norka Tibisay Fernández, mediante Apoderado Judicial, contra el Consejo Legislativo del Estado Aragua, en consecuencia, por cuanto no es contraria a derecho y versa sobre derechos disponibles, le imparte la HOMOLOGACION a la Transacción supra mencionada de conformidad con lo establecido en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en el presente caso por analogía

este juzgador advierte que para entrar a considerar si el cargo desempeñado por el querellante es de libre nombramiento y remoción, como sostiene la Administración Municipal, debe ella presentar los elementos probatorios de tal hecho; asimismo, se observó que la Parte Querellada no exhibió en la oportunidad correspondiente el Registro de Información del Cargo (RIC), instrumento en principio necesario para determinar el tipo de responsabilidades desempeñadas, por cuanto con el mismo se puede obtener tal verificación; de allí que no sea suficiente para calificar un cargo como de libre nombramiento y remoción la simple imputación de tal fin por la Administración; ahora bien, es criterio reiterado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que para calificar de libre nombramiento y remoción un cargo especifico, y no previsto en la Ley como tal, debe presumirse en principio que el cargo es de carrera, quedando la carga del que alega lo contrario, la Administración Municipal, la o.....

este juzgador declara parcialmente con lugar la presente querella funcionarial, y ordena la practica de una experticia complementaria del fallo que contemplara la determinación de las cantidades de dinero correspondientes a los puntos declarados procedentes en el presente fallo, a saber, la diferencia de remuneración resultante entre los montos pagados al actor conforme su alegación en el libelo de demanda y las cantidades corregidas y calculadas con base en el límite contemplado en la Resolución Nº 187, cursante a los folios 22 y 23 de la causa, desde la fecha de la emisión de la señalada Resolución, y excluyendo cualquier incidencia por aumento del salario mínimo urbano durante el año 2.002, es decir, sólo podrán aunarse al cálculo las incidencias de remuneración generadas por aumentos de salario mínimo urbano desde el año 2.003; y el pago de la bonificación de fin de año y el bono vacacional correspondientes a los períodos en los cuales prestó servicios el actor, calculados con base.....

observa quien decide, que se encuentra plenamente demostrado en autos, que el recurrente es un funcionario de libre nombramiento y remoción; por cuanto su designación fue para ejercer el cargo de Presidente del Fondo para el Desarrollo del Municipio Guaribe (FUNDEGUA), lo que significa, que era un funcionario de confianza, tal y como se evidencia al folio 14, además de que la parte querellante no demostró que el cargo que ocupaba era de funcionario de carrera, razón por la cual este Juzgador acoge lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública: "...Los cargos de confianza serán aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la Administración Pública, de los viceministros o viceministras, de los directores o directoras generales y de los directores o directoras o sus equivalentes...", por encontrarse tipificado el Cargo que ocupaba el querellante en el referido artículo, y se concluye que.....

este juzgador advierte que para entrar a considerar si el cargo desempeñado por el querellante es de libre nombramiento y remoción, como sostiene la Administración Municipal, debe ella presentar los elementos probatorios de tal hecho; asimismo, se observó que la Parte Querellada no exhibió en la oportunidad correspondiente el Registro de Información del Cargo (RIC), instrumento en principio necesario para determinar el tipo de responsabilidades desempeñadas, por cuanto con el mismo se puede obtener tal verificación; de allí que no sea suficiente para calificar un cargo como de libre nombramiento y remoción la simple imputación de tal fin por la Administración; ahora bien, es criterio reiterado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que para calificar de libre nombramiento y remoción un cargo especifico, y no previsto en la Ley como tal, debe presumirse en principio que el cargo es de carrera, quedando la carga del que alega lo contrario, la Administración Municipal, la o.....

si bien es cierto que el concejo municipal de conformidad con el artículo 95 numeral 16 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal posee facultades para imponer de acuerdo con la Constitución y las Leyes las sanciones de suspensiones e inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal o concejala, no es menos cierto que las motivaciones del acto de suspensión de los referidos concejales para inhabitarlos deben provenir de la declaratoria por parte del órgano judicial competente quien es el ente que tiene competencia para declararla inhabilitación política de estos funcionarios por las razones, motivos o hechos aducidas en el acto, habiendo incurrido la Cámara edilicia tal como lo establece la jurisprudencia de la Sala Constitucional N° 862 de fecha 12 de mayo de 2004, en hechos que podrían constituir una usurpación de funciones por no tener competencia para aplicar la sanciones de suspensión y más a un indefinidas de los concejales supra mencionados por las hechos presun.....

De la revisión efectuado a las actas que conforman el presente expediente y en especial a los antecedentes administrativos y a los recaudos que acompañaron al libelo de la demanda, se observa a los folio 22 y 23 de la pieza principal del expediente y a los 76 y 77 de los antecedentes administrativos, se evidencia que el Director Adjunto a la Dirección General de Registros y Notarias del Ministerio de Interior y Justicia, señaló que, las cantidades que cancelen los particulares no constituyen salario y no se computan a los fines de las prestaciones, indemnizaciones o beneficios laborales que puedan corresponderle, por cuanto tampoco existe una normativa legal de donde se pueda tomar los cálculos de los emolumentos recibidos por parte de los funcionarios que laboran en las Notarias y Registros de parte de los particulares en virtud de las actuaciones cumplidas, para considerarlos salarios, por lo que a juicio de quien decide se le debe aplicar el artículo 79 .....