Razón por la cual este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el ordinal primero (1ero) del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

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Medidas del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: DECLARADO ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a la ciudadana MARTELLA ALICIA ANCHIETTA DE MONSALVE, PEDRO ALEJANDO MONSALVE ANCHIETTA, MARIA ALEJANDRA MONSALVE ANCHIETTA Y CARMEN JULIA MONSALVE ANCHIETTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-4.904.821, V-20.589.545, V-12.568.409 y V-14.741.513 respectivamente, herederos del De Cujus PEDRO FELIPE MONSALVE SALOM, venezolano, mayor de edad, quien en vida era el titular de la cédula de identidad N° V-3.479.687, quien falleció en fecha 08 de noviembre de 2025. QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS QUE PUDIERAN REALIZAR ALGUN TIPO DE OPOSICIÓN AL PRESENTE DECRETO, todo según lo ordenado en el artículo 937 de la Ley Adjetiva Civil.

PRIMERO: Esta Alzada se declara COMPETENTE para conocer y decidir, el presente Recurso de Apelación de conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. SEGUNDO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR MARINO ARDILA ZAMBRANO, en su condición de DEFENSA PRIVADA del ciudadano GUSTAVO FERNANDEZ CASADIEGO, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Quince (15) de Enero del año dos mil veintiséis (2026), por el TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa Nº 2C-42.388-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado acordó entre otros pronunciamientos: "...Por todo lo anteriormente señalado este Tribunal de Primera Instancia en Función de Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD D.....

´´Ésta Sentenciadora una vez analizadas las actuaciones que fueron acompañadas a la solicitud en referencia promovidas por la solicitante y evacuada por ante éste mismo Tribunal, dejando a salvo los derechos de terceros, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA conforme al artículo 937 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, CON LUGAR la Solicitud de Únicos y Universales Herederos, del fallecido JUAN MIGUELCARRILLO, quien fuera venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.404.162, al ciudadano JUAN MIGUEL CARRILLO GUEVARA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-14.829.518, hijo del De Cujus, como se evidencia en acta de nacimiento Nº 669 del Año 1982, expedida por la Prefectura del Distrito Ricaurte del Estado Aragua. ASÍ SE DECIDE. ´´

´ Por recibida en fecha 10 de febrero de 2026, en el marco del operativo Tribunales Móviles del estado Aragua, y vista la anterior solicitud de Únicos y Universales Herederos, constante de un (1) folio útil junto con sus anexos, presentado por la ciudadana OLGA LIGIA DE SOUSA DE JAIME, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.972.018, hábil en derecho y de este domicilio, asistida por la abogada SERGIA GUZMAN, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 238.858, y las declaraciones rendida por los ciudadanos ANTHONY GABRIEL ACOSTA FERNANDEZ Y FRANCYS ZAIMAR FIGUEREDO MOTA, identificados con las cédulas de identidad Nros. V-27.463.176 y V-30.595.703 respectivamente, este tribunal como se pide y dejando a salvo los derechos de terceros DECLARA de conformidad con lo establecido en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, dichas pruebas suficientes para asegurarle a su peticionaria ciudadana OLGA LIGIA DE SOUSA DE JAIME, antes identificada,.....

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de resuelve: PRIMERO: Declararse competente para conocer, sustanciar y decidir el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la ciudadana CARMEN EMILIA GRATEROL CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro V- 8.657.879, debidamente asistida por la ciudadana abogada Dionny Amelia May, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 88.054, en su carácter de defensora pública en materia contencioso administrativo, incoado contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).- SEGUNDO: Admitir la demanda interpuesta, de conformidad con la parte motiva de la presente sentencia interlocutoria.

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EDGAR ABIGAIL TORRES CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 11.981.855, debidamente asistido por la abogada Gricelda Fabiola Lozada Álvarez, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 328.670, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO ARAGUA. 2. ADMITE el recurso interpuesto

Ahora bien, en reiteradas oportunidades la Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre los supuestos de procedencia de las solicitudes de aclaratoria y en todas ellas ha dejado establecido que la facultad de hacer aclaratorias o ampliaciones, está circunscripta a la posibilidad de exponer con mayor claridad, los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren en la sentencia, pero en manera alguna para transformar, modificar o alterar la sentencia ya dictada, pues el principio general es que después de dictada una sentencia no podrá ni revocarla, ni reformarla el Tribunal que la haya dictado (sentencia de 07/08-1991 Exp.- Nº90-0239, caso Jaime Lusinchi Gladys de Lusinchi y todo de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, criterio este que esta sentenciadora hace suyo y es por lo que este tribunal nada tiene que pronunciarse a lo peticionado - Y Así Se Decide. – LA JUEZ EGLEE M,.....