CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales incoada por el ciudadano JOSE NELSON BLANCO contra la empresa BAR RESTAURANT DA VITTORIO, C.A. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 18.838.349,41) más los conceptos condenados y no cuantificados que serán determinados por experticia complementaria al fallo

la parte actora ni la parte demandada, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno, comparecieron a la realización de la Audiencia Preliminar, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO

se DECRETA LA INTIMACIÓN DE LA SUCESIÓN DE JULIA ORTEGA ROMÁN, en la persona de Liliana Peñaranda Ortega, titular de la cédula de identidad N° V-10.509.682, en su carácter de heredera, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de un lapso de cinco (5) días de Despacho siguientes, contados a partir de la consignación en autos de la última de las boletas de notificación libradas en este acto, para que pague o demuestre haber pagado, apercibido de ejecución, las cantidades indicadas en el libelo de demanda, las cuales de dan aquí por reproducidas: PRIMERO: La suma de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE BOLÍVARES (Bs. 1.246.920,00), por concepto de estimación de la demanda. SEGUNDO: El monto de CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES (124.692,00), por concepto de costas procesales

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil XEROX DE VENEZUELA, C.A., contra la Providencia Administrativa N° MF/SENIAT/GRTICE/DR/ 2001/044, de fecha 24 de enero de 2001, notificada en fecha 08 de marzo de 2001, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); las Planillas de Liquidación de fecha 24 de enero de 2001, notificadas el 08 de marzo de 2001, las Planillas para Pagar (Liquidación), emitidas de conformidad con la Providencia, en fecha 18 de enero de 2001 y 23 de febrero de 2001, respectivamente, y notificadas el 08 de marzo de 2001; correspondientes a la primera, segunda y tercera porción del Impuesto a los Activos Empresariales. .....

Por todo ello, este Tribunal estima y así lo señala que la Resolución No. 32 no contraría directamente una norma constitucional que amerite su desaplicación por inconstitucionalidad, pues fue dictada por mandato del Ministro de Hacienda, en atención al Reglamento Orgánico del Ministerio. Es en razón de esa facultad que el funcionario (Superintendente) actúa y emite tal resolución, no vulnerándose norma constitucional alguna que haga procedente su desaplicación por inconstitucionalidad mediante el control difuso, previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

Ahora bien, siendo que la causa objeto de esta decisión llega a este Tribunal como consecuencia de la interposición del Recurso Contencioso Tributario interpuesto, en forma subsidiaria, al Recurso Jerárquico, encuentra este Juzgador que nada nuevo aportó el contribuyente durante el proceso, capaz de modificar la decisión administrativa, por una parte; por la otra, que se observa que los planteamientos expuestos en el escrito recursorio ya fueron apreciados por la decisión administrativa; razón por la cual, siendo que la multa impuesta y confirmada por el acto recurrido no presenta vicios de ilegalidad, ni es contraria a derecho, no existiendo en autos otros recaudos o elementos que permitan apreciar su ilegalidad, el Tribunal la considera procedente, por cuanto la misma es producto del incumplimiento del deber formal en materia de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor, de presentar, el lugar indicado, la declaración del referido impuesto, correspondientes al pe.....

En este sentido, acoge el Tribunal la presunción de legalidad, veracidad y legitimidad con la cual están investidos los actos administrativos. En el presente caso, la actuación fiscal y el acto recurrido señalan que ese hecho sí ocurrió. Por su parte, la recurrente niega la ocurrencia del hecho. Al negar este hecho y alegar un falso supuesto, la recurrente ha debido traer a los autos la prueba que permita a este Juzgador apreciar lo contrario de lo afirmado en el acto recurrido. En ese sentido, bien pudo la recurrente, dentro del lapso probatorio, consignar la documentación fehaciente para dejar constancia de ese hecho y demostrar que es incierto lo afirmado por la Administración Tributaria. En consecuencia, ante la carencia de pruebas sobre este hecho, por parte de la contribuyente, el Tribunal acoge la presunción de veracidad, legalidad y legitimidad del acto administrativo recurrido, sobre la renovación del permiso o licencia para expedir licores, tal como lo recoge el acto.....

Con fuerza en los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de Amparo Constitucional interpuesta por la sociedad mercantil REFRIMPORT, C.A., antes identificada, contra la ADUANA PRINCIPAL DE GUANTA-PUERTO LA CRUZ, con fundamento en presuntas lesiones al "Debido Proceso y Derecho de Defensa y a la Garantía Constitucional referente a que nadie podrá ser condenado sin antes ser oído y la referente a que nadie podrá ser sometido a juicio ni condenado dos veces por el mismo hecho" (sic).

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara terminado el presente procedimiento, por pérdida de interés procesal y decaimiento de la acción.

1) Sin lugar apelación ejercida por el abogada Marisol Nogales en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Aura Méndez Rodríguez contra la decisión que dictó el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 26 de Marzo de 2003. 2) Sin lugar la demanda que por Retracto Legal sigue la ciudadana Aura Méndez Rodríguez contra los ciudadanos Mirella del Valle Alonzo y Edgardo Gómez Rutmann. 3) Se confirma con distinta motivación, la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 26 de marzo de 2003.