-IV- DECISIÓN En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Agrario Superior de la Circunscripción Judicial del estado Aragua con sede en Maracay y con competencia en el estado Carabobo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conforme a lo establecido en los artículos 160, 161 y 162 numeral 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario interpuesto por los ciudadanos Domingo Alberto Robles Díaz, Jesús Robles de Montoya, Olga Teresa Robles de Rodríguez, Ramón Alberto Robles Díaz, Carmen Belén Robles Díaz, Rafael Tiburcio Robles Díaz, Pascual José Robles Díaz, Manuel Veronico Robles Díaz, Miguel Antonio Robles Pérez y Miguel Antonio Robles Díaz, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.227.256, V-7.227.244, V-7.214.614, V-7.187.470, V-7.187.471, V-7.193.297, V-4.544.696, V-3.514.409, V-9.690.437 y.....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN MARACAY ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INADMISIBLE la solicitud de Amparo Constitucional, intentada por el ciudadano JUAN TABERNER CRUZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-2.081.803, debidamente asistido por el Abogado Juan Alberto Solano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 14.604 contra la sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 2014, por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA en costas, en virtud de la naturaleza del fallo.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO AGRARIO SUPERIOR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN MARACAY Y CON COMPTENCIA EN EL ESTADO CARABOBO (204° y 156°) Maracay, catorce (14) de abril del año (2015) De la revisión exhaustiva realizada a las actas que conforman el presente expediente, signado bajo el número 2011-0097 (nomenclatura interna de este Juzgado Superior Agrario) contentivo de solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE PROTECCION AMBIENTAL, solicitada por los abogados Nerio Darío Balza Molida, Golfredo Armando Contreras y José Orlando Monsalve, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Números V-10.106.716, V- 10.740.944 y V-8.001.455, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 96.400, 66.164 y 69.778 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Instituto Nacional de Tierras, se pudo evidenciar que hasta la presente fecha no co.....

El Tribunal en vista que la transacción versa sobre derechos litigiosos y discutidos, da por concluido el presente proceso y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables al trabajador ni normas de orden público, HOMOLOGA el acuerdo de las partes, dándole el carácter y efecto de COSA JUZGADA. Igualmente se acuerda agregar a los autos, copia fotostática del cheque recibido por EL DEMANDANTE. Finalmente la ciudadana Juez, ordenó la lectura íntegra de la presente Acta Transaccional quedando así los asistentes debidamente notificados de su contenido. Dándose por cerrado el acto a las nueve de la mañana (9:40 a.m.) del día de hoy, catorce (14) del mes de Abril de Dos Mil Quince (2015). Es Todo. Terminó, se leyó y conforme firman.

Por todas las evidencias y razones aquí expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por Enfermedad Ocupacional incoara el ciudadano: KENNY MONTES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.470.991, en contra de la Entidad de Trabajo FARID DE VENEZUELA C.A., plenamente identificados en autos. En consecuencia, se condena a la Empresa demandada a pagar la cantidad de: TREINTA MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 30.000,00), de la manera como se indico en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se ordena la corrección monetaria sobre el monto de las cantidades condenad.....

Por auto de esta fecha, se emitió pronunciamiento respecto a los medios probatorios promovidos por la parte querellada.

Por auto de esta fecha, se emitió pronunciamiento respecto a los medios probatorios promovidos por la parte querellante.