Por cuanto los acuerdos contenidos en la anterior Acta de Mediación y Conciliación son producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; por cuanto los acuerdos alcanzados no son contrarios a derecho, y se adaptan a los criterios jurisprudenciales que han sido establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y no contienen renuncia alguna a ningún derecho irrenunciable derivado de una relación de trabajo; y, por último, tomando en cuenta que los acuerdos de las partes han sido la conclusión de un proceso de Mediación y Conciliación dirigido por este Tribunal, a fin de promover la Mediación y Conciliación como mecanismo adecuado y conveniente para la resolución de disputas, esta Juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la Repúbl.....

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA CAMBIO DE SITIO DE RECLUSIÓN CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN DOMICILIARIA, a favor de los Imputados EDWIN ALBERTO PAIVA CASTILLO y JOSE MANUEL ARBOLEDA VALECILLA, Venezolanos, titulares de la cedula de identidad V-18.475.323 y V-19.468.259 Respectivamente, residenciados el Primero en Rió Seco, calle 19, parcela Nº 27, Rosario de Paya, Turmero, Estado Aragua; y el segundo en Calle Venezuela, casa Nº 01, Brisas del Lago, Maracay, Estado Aragua, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 256 Ordinal 1° del Código Orgánico Procesal, consistente en: La Detención en su propio domicilio, bajo la vigilancia del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, Comisaría de Pantin, Rosario de Paya, en relación al primero de los imputados, .....

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA CAMBIO DE SITIO DE RECLUSIÓN CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN DOMICILIARIA, a favor del Imputado JUAN CARLOS CEBALLOS VALERO venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-13.200.887, residenciado en CALLEJÓN LA MONTSERRAT, N° 01-02, LA MONTSERRAT SANTA CRUZ DE ARAGUA, ESTADO ARAGUA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 256 Ordinal 1° del Código Orgánico Procesal, consistente en: La Detención en su propio domicilio, bajo la vigilancia del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua, Comisaría de Santa Cruz de Aragua, con tres rondamientos Diurnos y Nocturnos las 24 horas del día, debiendo el organismo asignado informar a este tribunal de cualquier irregularidad que pueda surgir . Así se decide. De igual modo se dej.....

esta Juzgadora declara Improcedente la solicitud de Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar formulada por la parte actora.-

III Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la acción de DESALOJO Y RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentada por la ciudadana ADALBERTA GONZALEZ CARRILLO, titular de la cedula de identidad No: V-3.283.137, contra la Ciudadana YSMARY COLMENARES, titular de la cedula de identidad No.: 6.940.382.- Se condena en costas a la parte actora. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la ciudad de Cagua, a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de Dos Mil Ocho (2.008).- Años 198° y 149°.- LA JUEZ SUPLENTE E.....

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia, en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la ley, declara: PRIMERO: La LITISPENDENCIA entre las causas signadas con los números de expedientes 40.418 y 40.640, seguidas en este Tribunal por la sociedad mercantil TURBOVEN, C.A., arriba identificada, contra los ciudadanos MANUEL NORBERTO HENRIQUEZ PADILLA, cédula de identidad Nº 10.341.139; LUCRECIA PADILLA DE ENRIQUES, cédula de identidad Nº 11.051.089; sociedad mercantil TRANSPORTE GOMEZEN, S.R.L. SEGUNDO: EXTINGUIDA la causa signada con el número de expediente 40.640 de la numeración interna de este Tribunal. Cúmplase.

En mérito de lo precedentemente expuesto, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, actuando en sede Civil, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE MATRIMONIO de la ciudadana MARBELLA ELENA LOVERA PANTOJA DE D¿ERRICO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de Identidad Nº V- 3.289.055, asentada por ante el Juzgado del Municipio Tovar del Distrito Ricaurte del Estado Aragua, signada con el Nº 08 correspondiente al año 1976. En consecuencia, se ordena rectificar el contenido del acta de matrimonio signada con el Nº 08, de fecha 03 de septiembre de 1976, asentada por ante el Juzgado antes mencionado, en los términos siguientes: Donde dice: "MARBELLA", debe decir: "MARBELLA ELENA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 772 del Código Civil del Código de procedi.....

En ese sentido mal podría la Administración Publica Municipal, proceder a reubicar a la querellante en otro cargo de similar o superior nivel y remuneración al que ocupaba para el momento de su remoción, tal y como lo invoca la querellante en su escrito libelar inserto al folio 4 del expediente, por cuanto esta posibilidad solo es viable en el caso del retiro de la administración publica de aquellos funcionarios de carrera, que estén incursos en una de las causales previstas en la ley, y que gozan de estabilidad en el ejercicio de sus cargos, por lo que resulta improcedente el alegato esgrimido por la querellante, respecto a su solicitud de Reubicación en otro cargo de igual o superior nivel, pues en el caso de marras no se dan los presupuestos de ley, que deben concurrir para la solicitud de Reubicación, puesto que la ciudadana querellante antes de ser designada Directora de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría Municipal, ejerció el cargo de Asesor Jurídico media.....

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía a la Ciudadana: Ligia Mercedes González Hernandez, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal y que resulta procedente su revisión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía al Ciudadano: José Ramón Martínez Siso, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, lapso este fatal y que resulta procedente su revisión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. Nº 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño. Así se decide.