Por otro lado, la parte actora, por intermedio de su apoderado judicial, realiza el desistimiento del presente procedimiento, quien está debidamente facultado para ello, tal y como se evidencia del Poder que riela a los folios 66 y 67 del presente asunto. En consecuencia, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA el anterior desistimiento y declara consumado el acto, teniéndose el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal observa que lo celebrado entre las partes se trata de una transacción, pues se han dado recíprocas concesiones; y en base a ello se verificará si reúne las condiciones para su homologación. A tales efectos se constata que el abogado WILLIAM ROBERTO SEQUERA, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, tiene la capacidad para celebrar transacciones, según consta en el poder antes identificado, así como el abogado OSCAR JOSÉ MOYA PONCE, en su carácter de apoderado judicial de las demandada, tal y como se evidencia del poder otorgado ante la Notaría Pública Décima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capita, en fecha 26 de mayo de 2006, anotado bajo el N° 3, Tomo 32; por lo que ambas partes tienen capacidad para disponer del objeto sobre el cual versa la controversia y se trata este juicio de materia en la cual no están prohibidas las transacciones. En consecuencia, este Tribunal le imparte su homologación a la transacción presentada en fecha 19 de octubre.....

En el día 24/10/06, se dictó sentencia mediante la cual se declaró CON LUGAR, la demanda que por FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA hubiere intentado la ciudadana LEYDIS MARGARITA LOZANO HERNÁNDEZ, en representación legal de sus hijos, los niños SE OMITEN DATOS, contra el ciudadano JOSÉ ALCIBIADES VILLALOBOS RODRÍGUEZ, plenamente identificados en autos. Igualmente, se procedió a decretar la medida de embargo y se ordenó oficiar lo conducente a la Dirección General de la Policía Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda.

CON LUGAR la demanda por cobro de Prestaciones Sociales, incoada por la ciudadana MARIELA MEJÍAS DE RAMÍREZ contra la UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO DE QUEVEDO, ambas partes identificadas al inicio de este fallo. SEGUNDO: En consecuencia, se condena a la parte demandada al pago de los conceptos de prestación de antigüedad, pago fraccionado de vacaciones y utilidades y bono de alimentación o cesta tickets, discriminados en la parte motiva de la presente decisión. Asimismo, se condena al pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, intereses moratorios y por corrección monetaria, de acuerdo con los parámetros fijados en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que motiva este juicio y declara resuelto el contrato de arrendamiento suscrito en fecha 04/12/2003, entre el ciudadano EDGAR JESUS FINOL y la ciudadana YARITZA CAROLINA BETANCOURT HOLGUIN y condena a la parte demandada a: PRIMERO: La entrega del inmueble que se identifica a continuación: "Un (01) apartamento distinguido con el número dos (02), ubicado en el Nivel Sótano número uno (01), el cual forma parte de la Casa Quinta denominada "LONIF", ubicada en la Calle Sucre de la Urbanización Luis Hurtado, Kilómetro 12, en la vía que conduce de Caracas al Junquito, en la Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, libre de bienes y personas, en el mismo estado, en el cual lo r.....

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Municipio De la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veinticuatro de octubre de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: AP31-V-2006-000325 Vista la solicitud de medida de secuestro presentada por la parte actora, este Tribunal considera que dado que la sentencia definitiva ha sido apelada, es preferible esperar a que la sentencia sea confirmada para proceder a su ejecución; ya que de lo contrario se corre el riego de desaposesionar al arrendatario-demandado para después reintegrarlo al inmueble. La parte actora en su solicitud invoca el art. 599 No.06 del Código de Procedimiento Civil, para fundamentar la medida de secuestro solicitada; pero resulta que dicho dispositivo no se refiere a la cosa litigiosa en materia arrendaticia, y la doctrina jurisprudencial desde hace mucho tiempo ha venido diciendo que los secuestros arrendaticios solamente deben fundamentarse en causales.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana¬ de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, incoaran los Dres. JAVIER YÑIGUEZ ARMAS y LUIS ALBERTO ESPINOZA, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA ARAUJO BRICEÑO contra el ciudadano LUIS ESTEBAN BARROS RIESGO, todos suficientemente identificados en el texto del presente fallo. SEGUNDO: SIN LUGAR la reconvención propuesta por la parte demandada, ciudadano LUIS ESTEBAN BARROS RIESGO. En consecuencia, se condena a la parte demandada a hacer entrega del inmueble arrendado constituido por un inmueble constituido por un apartamento identificado con el N° 4-A, ubicado en el piso 4 del Edificio ALTEA, situado en la Calle Caurimare de la Urbanización Colinas de Bello Monte, Municipio Baruta del Es.....

Ahora bien, por cuanto las partes tienen plena capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, sus apoderados tienen la representación que se atribuyen las cuales le confieren facultad para este acto, y siendo que el objeto de la misma no versa sobre materias en las cuales están prohibidas las transacciones, este tribunal Administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley le imparte su HOMOLOGACIÓN bajo los términos y condiciones por ellos expuestos, dando por consumado el acto, procediéndose como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.-

“…el Juez Ejecutor administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara embargado preventivamente el canon de arrendamiento y ORDENA al notificado depositar el canon de arrendamiento establecido en el contrato en la cuenta de ahorros del Banco Industrial de Venezuela bajo el N°0023310001007410, a nombre de la Sucesión de LEOPOLDO OSIO MARIÑO…”

En consecuencia, resultando evidente la inexistencia de un vínculo jurídico válido entre la niña (Se omite su identificación según lo dispuesto en el Artículo 65 de la LOPNA) y el cónyuge de la solicitante ciudadano JESÚS RICARDO SANCHEZ DUQUE, venezolano, mayor de edad, y titular de la cedula V-13.969.925, lo cual constituye requisito indispensable para realizar una petición de tal naturaleza, ésta Jueza Unipersonal Nº XV de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible la solicitud en los términos expuestos; y así se declara.-