precisa este Tribunal que, conforme el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil la prueba de informes tiene por objeto requerir de oficinas públicas y privadas aspectos atinentes a los hechos litigiosos; y, comoquiera que los documentos que pretende el promoverte sean requeridos cursan a los folios 9 al 26, aunado a que la representación de la parte demandada promueve acta de asamblea del año 2000 donde se evidencia que los ciudadanos DJABRA, ELIAS, JORGE Y FERNANDO KASABDJI, continúan siendo los socios de la accionada, tal hecho no es controvertido; y por ende resulta forzoso inadmitir la prueba en cuestión.

Respecto a la prueba de testigos, promovida por la parte demandada en el CAPITULO II de su escrito de promoción de pruebas, se admite cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, ordenándose comisionar amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que tomen las declaraciones a los ciudadanos LEONARDO GARCIA, PEDRO CHAMAS, EMILIO VISCAINO y WILMER REYES, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 11.277.829, 9.961.818, 5.863.999 y 10.217.922 respectivamente, para lo cual se ordena librar despacho-comisión bajo oficio, anexándose copia certificada del escrito de prueba y del presente auto de admisión.

Se suspendió la práctica de la presente medida en el acto, en virtud de la solicitud interpuesta por la parte actora y así mismo se acordó la remisión de la presente comisión al Tribunal de la causa.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos y por cuanto de las actas procesales no se desprenden los extremos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el periculum in mora y el fumus boni iuris, para la procedencia de la Medida de Embargo sobre bienes muebles y el inmueble de la parte demandada ciudadano Gustavo Adolfo Myers Molina, ampliamente identificado, este Tribunal NIEGA el pedimento suscrito por la parte actora ciudadano Antoine Fabche Kayrouz, ampliamente identificado, en el libelo de demanda.- Y ASI SE DECIDE.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 340 ordinal 6º y 341 del Código de Procedimiento Civil, NIEGA LA ADMISIÓN de la presente demanda y ordena la remisión de estas actuaciones a la Oficina de Archivos Judiciales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. ASÍ SE DECIDE.-

En el caso de marras, no consta a los autos poder que acredite la representación que ostenta tener la abogada Darlith Mendoza, tal como lo señalan las normas antes transcritas, es por lo que este Tribunal niega lo solicitado, por no tener la abogada supra mencionada, facultad para actuar en el presente procedimiento

En merito a las anteriores consideraciones esta Jueza Unipersonal número X del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de La Ley DECLARA CON LUGAR la solicitud de Divorcio presentada por los ciudadanos ELIAS JOSE GARCIA ISTURIZ y ZULAY COROMOTO LINARES, conforme a lo dispuesto en el Artículo 185-A eiusdem, y en consecuencia se declara DISUELTO el vínculo matrimonial que los une y el cual fue contraído por ante la Primera Autoridad Civil del Juzgado Cuarto de Parroquia del Departamento Libertador, el día 09/12/1976 y así se decide.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la PATRIA POTESTAD del hijo habido en el matrimonio antes identificado será ejercida de manera conjunta por ambos progenitores; mientras que la GUARDA de dicho adolescente .....

"..este JUEZ UNIPERSONAL Nº VI DE LA SALA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, aplicando la supletoriedad prevista en el artículo antes mencionado y, por aplicación analógica del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, acuerda declarar INADMISIBLE la anterior demanda por ser contraria a la Ley. A tal efecto se ordena el cierre y archivo del expediente.."

Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Decreta de oficio la NULIDAD ABSOLUTA la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, inserta a los folios 109 al 129 de la pieza III del presente expediente, mediante la cual condeno a YOENRY DE JESÚS SOTO LUQUE, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 406, ordinal 1°, en relación con el artículo 80 último aparte, en concordancia con el artículo 2, todos del Código Penal vigente y se ordena la remisión de la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de documentos, a efectos de ser distribuida a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio distinto al que dictó la recurrida a los efectos que efectúe un nuevo juicio oral y publico, decisión dictada de conformidad con el artículo 49.....

"..este JUEZ UNIPERSONAL Nº VI DE LA SALA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, acuerda de conformidad la EJECUCIÓN FORZOSA de la Sentencia de Restitución de Guarda, dictada por esta Sala de Juicio, veinticuatro (24) de Enero de 2006, señalando a tales efectos, que el ciudadano SAI DANIEL PEÑUELA deberá restituir a la niña "...cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente...", a su legítima guardadora, ciudadana BIANCA ANDREINA ESCOLCHE COLON, madre de la referida niña. En tal sentido, se ordena comisionar al Tribunal Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial a los fines de que se haga efectiva la presente ejecución, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil.."