Se declaró SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado LUIS FELIPE BETANCOURT MIEUSSENS, Inpreabogado Nro. 125.253, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 26 de julio de 2010, publicada el 02 de agosto del mismo año, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaro CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD DEL DEMANDADADO PARA SER LLAMADO A JUICIO, Y SIN LUGAR LA DEMANDA incoada por los ciudadanos JUAN ANICASIO LEAL MENDEZ, VICTOR JOSE MORILLO ARTEAGA, WOLFGANG CONSEPCION MEJIAS ABREU, JOSE FAJARDO, y DOUGLAS JOSE CELIS BORGES, en contra de la sociedad mercantil CENTRAL EL PALMAR S.A.

Ahora bien, del examen del acto administrativo mediante el cual le fue concedido el beneficio de jubilación especial al ciudadano Víctor Antonio Magallanes Torres (querellante), esto es, la Resolución Nº 620 de fecha de fecha 18 de septiembre de 2008, se constata que es un acto generador de derechos subjetivos a favor del querellante, razón por la cual la Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua, estaba en la obligación de iniciar y tramitar un procedimiento administrativo previo que revisara la procedencia de la mencionada Resolución y que garantizara al administrado el ejercicio de sus derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; procedimiento fue omitido por la Administración Municipal hoy recurrida, y que no puede pretender convalidarse en el desarrollo de la presente querella funcionarial, teniendo en cuenta que además de lo establecido en nuestras normas, tanto el Tribunal Supremo de .....

Ahora bien, se desprende con meridiana claridad de la parcialmente citada jurisprudencia, que las decisiones de las Inspectorías del Trabajo, que son órganos administrativos desconcentrados dependientes de la Administración Pública Nacional, se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual, y dada la especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida, a la misma debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que en el presente caso, "el juez natural no es el contencioso administrativo, sino el laboral". En tal sentido, con fundamento en lo previsto en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia N° 955 supra citada y dado el carácter vinculante de la misma, en la cual se estableció, como antes se indicó, que el conocimiento de recursos contra actos administrativos dictados por los Insp.....

En tal sentido, con fundamento en lo previsto en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia N° 955 supra citada y dado el carácter vinculante de la misma, en la cual se estableció, como antes se indicó, que el conocimiento de recursos contra actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde conocer en primera instancia a los Juzgados del Trabajo, en consecuencia, resulta forzoso para este Tribunal declararse incompetente y declinar el conocimiento en la jurisdicción laboral, y así se decide.

En tal sentido, con fundamento en lo previsto en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia N° 955 supra citada y dado el carácter vinculante de la misma, en la cual se estableció, como antes se indicó, que el conocimiento de recursos contra actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde conocer en primera instancia a los Juzgados del Trabajo, en consecuencia, resulta forzoso para este Tribunal declararse incompetente y declinar el conocimiento en la jurisdicción laboral, y así se decide.

PRIMERO: SE HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL presentado por ante esta sede judicial el 18 de Octubre de 2010, por la Abogada ELIZABETH PALMA, Inpreabogado N° 70.029, Apoderada Judicial de la accionada TRANSPORTE GOFFRE C.A., sociedad mercantil de este domicilio, constituida mediante documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 29 de junio de 2004, bajo el N° 49, Tomo 743-A; y la Abogada YOLAIMY PINEDA, Inpreabogado N° 101.515, Apoderada Judicial de la parte actora, ciudadanos YONNY GIMÉNEZ MARTIN, LUIS ALEXANDER VERASTEGUI TOVAR y ADRIANO RAFAEL RIVAS GIMÉNEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-5.458.768, V-7.514.940 y V-7.918.864, respectivamente y de este domicilio; por monto total de SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 60.475,86). Y ASI SE SEGUNDO: SE OTORGA EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, conforme al artí.....

PRIMERO: SE HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL presentado por ante esta sede judicial el 18 de Octubre de 2010, por la Abogada ELIZABETH PALMA, Inpreabogado N° 70.029, Apoderada Judicial de la accionada TRANSPORTE GOFFRE C.A., sociedad mercantil de este domicilio, constituida mediante documento inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 29 de junio de 2004, bajo el N° 49, Tomo 743-A; y la Abogada YOLAIMY PINEDA, Inpreabogado N° 101.515, Apoderada Judicial de la parte actora, ciudadanos ARGENIS DURÁN, TULIO HURTADO y JULIO INAUDI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. V-7.264.851, V-8.778.628 y V-5.627.227, respectivamente y de este domicilio; por monto total de CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 46.075,86). Y ASI SE DECIDE. SEGUNDO: SE OTORGA EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, conforme al artículo 255 del Código de Procedimiento Ci.....

De la revisión de la solicitud de amparo se evidencia que la misma adolece de deficiencia (omisión) y oscuridad, tal como lo es: ¿ Los recaudos que sustentan la acción de amparo. Motivo por el cual, se hace necesario ordenar el despacho saneador, a los efectos de que se corrijan las omisiones y oscuridades antes referidas conforme lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por lo tanto, el presunto agraviado debe corregir el error en el que incurrió, debiendo presentar los documentos que lo acrediten como arrendatario del inmueble: Cúmplase. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se ordena la notificación de la presunta agraviada, para que proceda a consignar lo pedido dentro de las 48 horas siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones, so pena de que la acción de amparo se declare inadmisible. A los fines d.....

En cuanto a la PARTE IV, donde la parte promovente tacha de falso el documento privado que presuntamente alude al contrato de arrendamiento y el cual comprende desde la fecha del 28 de febrero de 2009 al 28 de febrero de 2010, presentado por la parte demandante, lo impugna por ser falso, de toda falsedad, el cual cursa en el expediente marcado "A" del folio 05 al 07, instrumento este que desconoció y desconoce, ya que, no es su firma autógrafa la que aparece suscrita en el cuerpo del instrumento, todo a tenor de los artículos 443 y 444 del Código de Procedimiento Civil Vigente en concordancia con el numeral 1º del artículo 1381 del Código Civil. Al respecto, se observa que la documental que la parte demandada pretende tachar de falso conforme a los artículos invocados up supra, es importante señalar que, el procedimiento de tacha de falsedad de instrumentos privados, su oportunidad legal para proponer la misma dependerá del momento en que se aporta a los autos .....

D I S P O S I T I V O Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con Sede en Turmero; Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio 185-A, disolviendo el VINCULO MATRIMONIAL existente entre los Ciudadanos RAFAEL EDUARDO MANRESA GARCIA Y JENNIFER CAROLINA MILLAN QUIJADA, MAYORES DE EDAD, TITULARES DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD NROS V-14.197.152 Y V-13.258.447 RESPECTIVAMENTE, que contrajeron matrimonio en fecha 21 de Agosto del año Mil Novecientos noventa y nueve (1999), según se evidencia de certificación de Acta de Matrimonio expedida por el Director del Registro del Estado Civil de la Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez, Estado Anzoátegui; la cual se encuentra inserta bajo Nº 328, en los Libros de Registro Civil de Matrimonios, llevados por ante el expresado Despacho, dicha certifi.....