Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por RECTIFICACION DE PARTIDA fue instaurado por MARIA MAGDALENA GINA UTRERA, titular de la cédula de identidad Nº 3.285.975.

es por lo que considera este Juzgado, que no es competente para conocer de la presente causa y que la misma corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud de los razonamientos antes expuestas éste Tribunal declina la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En consecuencia, ordena remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, una vez quede firme la presente decisión

Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la REPOSICION DE LA CAUSA al estado de promoción de pruebas, en consecuencia NULAS todas las actuaciones que cursan a los autos a partir del día 16 de noviembre de 2012 (inclusive), por lo que se reabre el lapso de promoción de pruebas establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el cual comenzará a computarse una vez conste en autos la práctica de la última notificación de las partes. Líbrense boletas de notificación. Así se decide en Nombre la de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

En mérito de las anteriores consideraciones Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara TERMINADO el procedimiento y ordena el archivo del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.

Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el ABANDONO DEL TRÁMITE de la acción de Amparo Constitucional en el procedimiento de AMPARO CONSTITUCIONAL ejercida por los ciudadanos LAURA CANTON; SAMUEL GONZALEZ, LEYDA MATOS; YENY ESCALANTE; JAQUELIN CASTILLO; YNGRID AGUILARTE; DAYANA AREVALO y JOSE GRANADOS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 15.302.177; 9.687.769; 4.367.999; 16.744.772; 13.565.142; 9.690.904; 15.601.360 y 9.648.454, contra la JUNTA ADMINISTRATIVA DE GRUPO BANDE C.A., (Sr. BENITO BANDE), todo de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y los criterios jurisprudenciales vinculantes señalados.

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION en la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, incoada por el ciudadano ALGENIS FERNANDO HERNANDEZ CALDERON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.239.979, contra la ciudadana ADRIANA ERNESTINA GUITIERREZ OROPEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.140.172.-

Por los razonamientos expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, forzosamente declara INADMISIBLE LA DEMANDA que por ACCION MERODECLARATIVA, incoada por la ciudadana EDITH COROMOTO GUTIERREZ PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.229.781, contra el ciudadano LUIS ALBERTO CASTILLO COLMENAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.253.605.

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION en la demanda de DIVORCIO ORDINARIO, incoada por el ciudadano ALGENIS FERNANDO HERNANDEZ CALDERON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.239.979, contra la ciudadana ADRIANA ERNESTINA GUITIERREZ OROPEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.140.172.-

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCION en la demanda de ACCION PAULIANA, incoada por el ciudadano ELIAS ANTONIO HALLAK ABRAHAM, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.865.493, contra la ciudadana AMAL MANACH DE ABDALLAH, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.253.605.-

Por las consideraciones antes expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el ABANDONO DEL TRÁMITE de la acción de Amparo Constitucional en el procedimiento de AMPARO CONSTITUCIONAL instaurado por EUCED CAROLINA ARAUJO DE GONZALEZ y JOSE FRANCISCO GONZALEZ, titulares de las cédulas de identidad Nº 16.406.498 Y 3.845.947, contra ANTONIO TESTA DOMINICANCELLA, titular de la cédula de identidad Nº 7.379.561, todo de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y los criterios jurisprudenciales vinculantes señalados.