De una revisión exhaustiva de la documentación traída a los autos, se pudo constatar que no fue consignado junto con el respectivo escrito de solicitud el Acta de defunción del de Cujus ciudadano ANTONIO CAVAIOLI ALICANDRO, así como las actas de nacimiento de la ciudadanas LAURA ANTONIETA CECIDIA CAVAIOLI PELLECCHIA y STEFANIA CRISTINA CAVAIOLI PELLECHIA, aunado al hecho cierto que no fue consignado anexo a la solicitud Declaración de Únicos y Universales Herederos decretada por la autoridad competente, a los fines de demostrar la cualidad que detentan las solicitantes, documentales estas demostrativas de la filiación con el causante y la cualidad que se atribuyen. En consecuencia, este Tribunal NIEGA la admisión de la presente solicitud.-

Ahora bien, vistas las actas procesales que conforman la presente solicitud, así como el desistimiento del procedimiento formulado en fecha 01 de marzo de 2013, por la ciudadana ANTONIETA OSUNA, venezolana, mayor de edad y portadora de la cédula de Identidad Nro. 11.460.614, este Tribunal luego de haber realizado una revisión exhaustiva de los autos, y no existiendo presunción alguna que el desistimiento que nos ocupa lesione o menoscabe de manera directa e indirecta derechos a terceros, y por cuanto la misma no es contraria al orden público, ni a ninguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN en los términos expuestos, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.- Y así se declara en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Asimismo, consignados como han sido los fotostatos respectivos se acuerda la devolución de los documentos originales producidos junto a.....

III DISPOSITIVA Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, en consecuencia, se da por terminada la presente solicitud. Dada la especial naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Undécimo De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Cuatro (4) días del mes de Marzo del año dos mil trece (2.013). Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.- EL JUEZ, DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ. LA SECRETARIA, ABG. SHIRLEY .....

De conformidad con lo previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considera DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO y en consecuencia, se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA

Se declara DECAIDA LA APELACIÓN que originó este proceso judicial.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE la reforma de demanda, presentada en fecha 27 de Febrero de 2012, por la representación judicial de la parte actora, todo ello con motivo del juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue ALFREDO ANTONIO PEÑA contra MIGUEL HENRIQUE OTERO CASTILLO, supra identificados, en el encabezado del presente fallo. Así se Decide. No hay condenatoria en constas, conforme a lo establecido en el articulo 283 del Código de Procedimiento Civil.

– III – DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por COBRO DE BOLÍVARES, intentó la Sociedad Mercantil SERVICIOS A.G., C.A., contra la Sociedad Mercantil PEPSI-COLA VENEZUELA, C.A., ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES intentada por la Sociedad Mercantil BANCO PROVIVIENDA C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANPRO) en contra del ciudadano BERNARDO FAUCHIER GIVKA, ambas partes plenamente identificadas en el encabezamiento de la decisión; conforme a los lineamientos explanados en el fallo. SEGUNDO: SE CONDENA a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de Catorce Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Dos Bolívares con Treinta y Cinco Céntimos (Bs. 14.279.232,35), hoy equivalente a la cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (BS. F 14.279,23), por concepto de capital. TERCERO: SE .....

Se Declaró LA PERENCIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN ejercido por la parte actora contra el auto de fecha 13 de Octubre de 2003, dictado por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se negó el pedimento de confesión fictada formulado por la parte actora, en el juicio de COBRO DE BOLIVARES incoado por el ciudadano WILLIAM BARNIQUE MADERA contra la CAJA DE AHORROS DE LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO, antes identificados. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas del recurso.

, este Tribunal sin perjuicio de terceros de igual o mejor Derecho, y de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil Declara ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a favor de los ciudadanos DIOCELIS DEL CARMEN BARRETO BASTIDAS y ONECIMO ANTONIO GIL, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad Nros. V- 5.406.420 y V- 3.904.933 respectivamente, causahabientes del ciudadano JACKSON ANTONIO GIL BARRETO, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V- 19.254.513, fallecido Ab-Intestato, en fecha 21 de Enero de 2013, en el Municipio Lander del Estado Miranda