Este Tribunal declarara concluida la Audiencia Preliminar y así mismo deja expresa constancia que por cuanto esta acta es producto de la voluntad libre, conciente y espontánea expresada por las partes y en virtud de dicho acuerdo no es contrario a derecho y ha sido la conclusión de un proceso de mediación y conciliación dirigido por éste Tribunal se imparte en éste acto la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL, al acuerdo alcanzado por las partes en éste proceso, dándole el efecto de cosa juzgada de conformidad al contenido del Art. 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, instando a las partes ha cumplir de buena fe el acuerdo alcanzado y asentado en la misma. Asimismo, se les hace entrega en este acto a las partes las pruebas promovidas al inicio de la audiencia preliminar, firmando ambas partes el acta en señal de conformidad. El Tribunal deja constancia que en virtud del acuerdo alcanzado una vez que conste en autos que se ha dado total cumplimiento del pago convenido entre las partes en la a.....

En base a lo antes señalado; este Juzgado TERCERO DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCION, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. SEGUNDO: se ordena el cierre y archivo del expediente una vez que trascurra el lapso legal para ejercer los recursos correspondientes contra la presente decisión. Publíquese y Regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Maracay, a los nueve días del mes de abril del dos mil trece.- LA JUEZA MARIA ELERIDA RUIZ LA SECRETARIA JUBELY FRANCO En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado y se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 11:50 a.m.- LA SECRETARIA JUBELY FRANCO

De conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, sin entrar a conocer las causales de inadmisibilidad contenidas en el articulo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo se admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, cítese a la ciudadana PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO ARAGUA, y al mismo tiempo la citación del PRESIDENTE DEL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ARAGUA , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los fines que comparezcan ante este Tribunal a dar contestación a la querella, dentro del lapso de quince (15) días de despacho, contados a partir del vencimiento del lapso de quince (15) días hábiles, previsto en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable al caso según lo ordenado en el artículo 33 de la Ley Orgánica.....

Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de fijación de obligación de manutención, incoada por la ciudadana HEVERLIN SONCIRE VEGA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.685.013, en beneficio de su hijo ISAAC ENRIQUE MIER VEGA, de dieciocho (18) años de edad, contra el ciudadano EDDY ANTONIO MIER Y TERAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-8.586.836, siendo que el salario mínimo para este momento esta fijado en la cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS Bs. (2047,52) mensual, según Gaceta Oficial No. 39.908, correspondiendo la cantidad de Sesen.....

En este estado el Tribunal Ejecutor de Medidas oídas las anteriores exposiciones acuerda de conformidad y se abstiene de practicar la Medida de Embargo Preventivo decretado por el Juzgado de la Causa, por cuanto los bienes que se encuentran en el interior de la Empresa demandada forman parte de la Misión Gran Vivienda Venezuela, que es un programa prioritario del Gobierno Nacional en materia de Vivienda, que como es público y notorio es un Programa Social Prioritario destinado a la reducción del déficit habitacional existente en el País y ordena mantener en el Archivo la presente comisión signada bajo el N° 03-13, hasta tanto el Apoderado Judicial de la Parte Actora, solicite una nueva oportunidad para ejecutar la medida decretada sobre bienes propiedad de la Demandada que no forman parte del Programa Social antes señalado.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de resuelve: PRIMERO: declararse; competente para sustanciar y decidir el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, conjuntamente con Solicitud de Amparo Constitucional, interpuesto Ramón Eduardo Traspuesto Pérez, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.260.865, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nro. 111.137, debidamente asistido por el Abogado Santos Cardozo Arévalo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el N° 17.507, contra el Cuerpo de Seguridad y Orden Publico del Estado Aragua. SEGUNDO: Admitir: El referido Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto conjuntamente con Solicitud de Amparo Constitucional. TERCERO: Se.....

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA QUE POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL intentara la ciudadana DORIS YAJAIRA NIEVES PÉREZ, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Estado Carabobo, cédula de identidad Nº V-11.989.746, contra la sociedad mercantil DROGUERÍA COBECA CENTRO C.A., sociedad mercantil constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 27 de noviembre de 2002, bajo el N° 36, Tomo 183-A; y en consecuencia SE CONDENA a la demandada, antes identificada, a cancelarle a la parte actora la cantidad de BOLIVARES FUERTES VEINTE MIL SIN CÉNTIMOS (Bs. 20.000,00); por concepto de Daño Moral. SEGUNDO: No se condena en costas a la parte accionada, por cuanto no resultó totalmente vencida en el juicio; conforme a lo previsto en el Parágrafo Único del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.