PRIMERO: SE HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de esta sede judicial el 03 de julio de 2013, por la parte actora, ciudadano OMAR JOSÉ ALMEIDA MÁRQUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, cédula de identidad Nro. V-9.681.605; su Apoderado Judicial, Abogado MARCOS GÓMEZ GUEVARA, matrícula de Inpreabogado N° 32.036; por la parte co-demandada CORPORACIÓN RODRÍGUEZ & CIA, C.A., actualmente con domicilio en Los Puertos de Altagracia, Estado Zulia e inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de esa Circunscripción Judicial, bajo el N° 24, Tomo 6-A, el 29/01/2008; a través de su Apoderado Judicial Abogado ALVARO MENDOZA QUINTERO, matrícula de Inpreabogado N° 90.080; y por la co-demandada CARROCERÍAS MARIARA C.A., sociedad mercantil constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 27 de octubre de 2006, bajo el N° 29, Tom.....

INADMISIBLE el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD intentado por el Abogado JUAN JOSE AVILA MENDOZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 98.479, actuando en su carácter de Apoderado Judicial Sociedad Mercantil "C.A., CERVECERIA REGIONAL", domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita en el Registro de Comercio que llevo la Secretaria del antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y de Comercio del Estado Zulia, en fecha 14 de mayo de 1929, bajo el Nº 320, Folios 407 al 410 vto, cuya ultima modificación de sus estatutos sociales se realizo mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2011, bajo el Nº 13, Tomo 31-ARM1; en contra de la Providencia Administrativa N° 00309-11, de fecha 10 de octubre del 2011, en el expediente Nº 009-2009-01-00498, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Esta.....

DESISTIDO el RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO interpuesto por la parte recurrente, ciudadanos ZULY RALCIRA PEREZ DE IZARRA, titular de la cedula de identidad 4.359.572, BARBARA ANDREA IZARRA PEREZ, ODRA ANDREINA IZARRA PEREZ, LEONELA ALICIA IZARRA PEREZ y DIEGO ANTONIO IZARRA ACOSTA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros.13.596.045, 16.154,579, 18.796.721 y 11.360.830, respectivamente; contra la Providencia Administrativa N° 926-10 de fecha 05 de noviembre del 2010, en el expediente Nº 043-2010-01-002089, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual se declaró CON LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana DUBRASKA GETTSEMARY MOLINA ALVARADO, cédula de identidad V-17.954.650 contra CORREDOR DE SEGUROS DIEGO IZARRA.

En relación a la solicitud de exhibición de la Relación de Bono de los años 2011 y 2012, este Tribunal niega su admisión toda vez que la misma no llena los extremos previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que prevé: "La parte que debe servirse de un documento, que según su manifestación se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos casos, un medio de prueba que constituya, por lo menos, presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario. (...)" (Destacado del Tribunal).

La convención colectiva de trabajo tiene un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite asimilarla a un acto normativo que debido a los requisitos que deben confluir para su formación y vigencia, debe considerarse derecho y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes en juicio. Por tanto, en atención al Principio Iure Novit Curia, se inadmite por no ser medio probatorio. Así se decide.