Se declaró sin lugar la apelación ejercida. Se ratifica en todas sus partes la sentencia apelada.

INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

Se declara sin lugar el recurso de apelación intrpuesto. Queda modificada la decisión apelada.

Por todos los razonamientos antes expuesto y de conformidad con el articulo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, este Tribunal Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RATIFICA el auto emanado de este Juzgado de fecha 30 de Septiembre de 2.008, en consecuencia, se declara improcedente lo solicitado por la parte accionada en relación a revocar por contrario imperio dicho auto. Y así se decide

Por todos los razonamientos antes expuesto y de conformidad con el articulo 35 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, este Tribunal Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RATIFICA el auto emanado de este Juzgado de fecha 30 de Septiembre de 2.008, en consecuencia, se declara improcedente lo solicitado por la parte accionada en relación a revocar por contrario imperio dicho auto. Y así se decide.-

Se emite auto de ejecución y cómputo de la sentencia dictada en contra del ciudadano Wilfredo de Jesús Bermudez.

DISPOSITIVA. Fundamentado en los señalamientos expuestos anteriormente, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA SOBRESEIMIENTO en la causa seguida contra seguida el ciudadano: EDGAR JOSE SANTOS, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZAS y VIOLENCIA PSICOLOGICA, en agravio de la ciudadana: KARLA CHAVEZ DIAZ, previa solicitud de la Abogada JULIMER HILIANA MARQUEZ MENDOZA y ratificada en Sala de Audiencias por la Abogada HORTENCIA LOPEZ, en su condición de Fiscal Décima Quinta ( A ) del Ministerio Público de este Estado, ello de conformidad a lo pautado en el Artículo 318 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el Artículo 108 numeral 7to., y 320 todos del Código Penal Venezolano Vigente; se deja expresa constancia que las partes quedaron debidamente notificadas de la.....

Se declaró perimida la instancia. Se declaró terminado el presente juicio.

Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE entrar a revisar el presente recurso de apelación, por considerar este Juzgador que la Abg. Francia Caraballo, Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público de esta Entidad, incumplió con el deber de consignar junto con el escrito de apelación, copia certificada de la decisión que impugna; por tanto, resultando imposible a este órgano jurisdiccional, desplegar la competencia atribuida por el legislador venezolano, contenida en el artículo 441 ibidem. Y, así se declara.

Esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abg. Franklin José Mora Quezada, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano RUBEN JOSÉ SALAZAR CARIPE, imputado en el asunto principal NP01-P-2008-002984; recurso ese interpuesto contra la decisión emitida el 22 de Julio de 2008, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la aprehensión en flagrancia del ciudadano arriba indicado. Como consecuencia de ese pronunciamiento, se NIEGA los pedimentos de nulidad de las actas Policial, de Aprehensión y acta de la audiencia de presentación y el cese de la medida privativa de libertad que le fue acordada a aquél. Y así se declara.