DISPOSITIVA Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por disolución de sindicato, sigue la Entidad de Trabajo denominada ARPOPLAST C.A, en contra DE LA AGRUPACION DE TRABAJADORES BOLIVARIANOS SINDICALMENTE EN LA ENTIDAD DE TRABAJO ARPOPLAST C.A, ( ATOSARPOPLAST). SEGUNDO: La Disolución de la Organización Sindical antes mencionada. TERCERO: Se ordenará la cancelación de la matricula bajo la cual quedó constituida dicha organización sindical, y se notificará a la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua, una vez que quede firme la presente sentencia, a los fines de que proceda a estampar la correspondiente nota de cancelación de la matricula de dicha organización sindical en los registros correspondientes. CUARTO: No hay condenatoria a costas dada la naturaleza de la decisión y en vi.....

En tal razón y por las consideraciones antes explanadas, se ordena la inmediata remisión del presente asunto a los Tribunales competentes que los son los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de la Victoria, a objeto de que sean esos Tribunales los que conozcan del fondo de la demanda. Todo ello en perfecta armonía con las normas constitucionales consagradas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vencido como sea el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica en forma subsidiaria, por permitirlo así el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE. Líbrese oficio. LA JUEZ, Abg. SORY DEL AVLLE MAITA GONZALEZ LA SECRETARIA, Abg. MILENE BRICEÑO SM/

En tal razón y por las consideraciones antes explanadas, se ordena la inmediata remisión del presente asunto a los Tribunales competentes que los son los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de la Victoria, a objeto de que sean esos Tribunales los que conozcan del fondo de la demanda. Todo ello en perfecta armonía con las normas constitucionales consagradas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vencido como sea el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica en forma subsidiaria, por permitirlo así el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE. Líbrese oficio.

Por las razones de hecho, de derecho precedentemente expuestas y jurisprudencial ut supra señaladas, éste Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA NULIDAD del decreto de Interdicción Provisional dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, de fecha veintinueve (29) de julio de 2013, y de todas las demás actuaciones que se deriven y dependan de éste, contenidos desde el folio cuarenta y cinco (45) inclusive. SEGUNDO: SE REPONE LA CAUSA al estado que el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, de fiel cumplimiento a las normas que regulen la materia de la Interdicción Civil, y se pronunci.....

Por recibido el presente expediente, habilitando el tiempo necesario según lo establecido en el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil Norma aplicada supletoriamente, désele entrada y el curso de Ley correspondiente.

Les imparte en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículos 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, SU HOMOLOGACION en todas y cada una de sus partes, suscrito por los ciudadanos: JOSE IGNACIO ACOSTA CORONA y FRANCIS DIOSENGRI MANYERLIN PIÑERO NUÑEZ

Les imparte en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículos 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, SU HOMOLOGACION en todas y cada una de sus partes, suscrito por los ciudadanos: EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ y ARACELYS DEL VALLE MARTINEZ SILVA

este Tribunal se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA para conocer de la presente solicitud, en virtud de la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2.009 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2.009.

este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley: PRIMERO: HOMOLOGA la transacción celebrada entre el ciudadano FRANKLIN ADAN LUGO, titular de la Cedula de identidad Nro. 10.657.387 y la entidad de trabajo PEPSICO ALIMENTOS, S.C.A, respecto a los hechos litigiosos comprendidos en el procedimiento por cobro de enfermedad ocupacional en los mismos términos y condiciones en ella establecidos, pasándola en autoridad de cosa juzgada.

DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida al ciudadano GERARDO FUNDORA ÁVILA, titular de la cédula de identidad N° E.- 81.541.627, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA PSICOLOGICA y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 39 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana MARIA ALEJANDRA MARQUEZ OJEDA, titular de la cédula de identidad N° V.- 11.980.671, por extinción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con lo dispuesto en los artículos 108 numeral 5 y 109 del Código Penal y por consecuencia, cesa cualquier medida cautelar o medida de protección y de seguridad que se haya dictado durante el proceso tal como lo establece el artículo 301 del referido Código Adjetivo.