En consecuencia, de lo anteriormente expuesto y virtud que la señalada doctrina y así como también considerando que la competencia es un presupuesto procesal de estricto orden público y por ende revisable en cualquier estado y grado de la causa, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción de cobro de Prestaciones Sociales incoada por el ciudadano CARLOS RAFAEL BOSQUE MARCANO, titular de la cedula de identidad Nº V-3.724.091, en contra de la FUNDACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA ALCALDIA DE CARACAS Y DECLINA SU COMPETENCIA EN, RAZÓN DE LA MATERIA A UN JUZGADO NACIONAL DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL EN CONSECUENCIA, REMÍTASE EL PRESENTE EXPEDIENTE CON OFICIO A DICHO TRIBUNAL. ASÍ SE DECLARA.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO.- Se deja sin efecto la intimación practicada en fecha 22 de abril del 2010 al ciudadano MARTÍN FERNÁNDEZ VIEIRA, en consecuencia. Se suspende el procedimiento hasta tanto la parte actora solicite nuevamente la citación de todos los demandados. SEGUNDO.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por el abogado JOSÉ GRATEROL GALÍNDEZ, actuando en su carácter de endosatario en procuración, en nombre y representación de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN KAPEC C.A., contra la sentencia dictada el 11 de noviembre del 2010 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró suspendido el procedimiento. Queda CONFIRMADO el fallo apelado. No hay especial condenatoria en costas, en virtud .....

Por lo antes expuesto, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, tiene como NO INTERPUESTA LA APELACION, por cuanto no fueron aportados los elementos necesarios para decidir, tal como quedó establecido en la motiva de la presente sentencia. No ha lugar a costas. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de junio del 2011. AÑOS: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA de acuerdo a lo establecido en el ordinal Primero (1º) del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 271 ejusdem, el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa (90) días. TERCERO: No hay condenatoria en costas tal como lo establece el artículo 283 eiusdem.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio que por DIVORCIO incoara PRISCILIANO ENRIQUE RODRÍGUEZ TOLLO, contra ALICIA JOSEFINA MELEAN CASTILLO, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (Cobro de Bolívares derivado de Contrato de Venta con Reserva de Dominio) incoara FUNDACION FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO (FONTUR), contra LUIS GONZALEZ, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por EJECUCION DE HIPOTECA incoara BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., contra INVERSIONES PETRICONE, C.A. y contra el ciudadano EDOARDO PETRICONE CHIARILLI, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO incoara BANCO FEDERAL, C.A, contra MICHEL ADANS BAPTISTA, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año y siete (07) meses, sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA intentó la ciudadana HEREYDA COROMOTO OÑATEZ MENDOZA en contra de los ciudadanos NEIDA YULIMAR BASTOS ROMERO y HENDER JAIRO BASTOS ROMERO, todos identificados en juicio. SEGUNDO: Como consecuencia de este pronunciamiento, en virtud del incumplimiento culposo de la parte demandada, se le condena al pago (a la parte demandada) de las siguientes cantidades: (a.) la suma de CIENTO TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs.130.000,oo) por concepto de lo entregado por la ciudadana HEREYDA COROMOTO OÑATEZ MENDOZA al momento de celebrar el contrato de opción de compra venta; asimismo, pagar (b.) la suma de TREINTA MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.30.500,oo) que corresponde aplicar el 10% al precio convenido inicialmente sobre Bs. F. 305.000,oo, como indemnización o cláusula penal prevista en la cláusula 5ª. En virtud de ser un hecho evidente el deterioro del valor dinerario, producto de la inflación, se condena a la parte.....

niega la medida preventiva de embargo