Este Tribunal Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de dar cumplimiento a la presente comisión en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara en este acto la ENTREGA MATERIAL del Inmueble constituido por un (01) Local Comercial, que forma parte del Edificio Elena, ubicado en la Calle Libertad, Nº 06, Maracay, Municipio Girardot del Estado Aragua; y en este acto por cuanto no se encuentra presente ningún representante de la sucesión Filomena Bernardo de Brina, parte actora en el presente juicio, procede a designar como depositarias del inmueble a las apoderadas Judiciales de la parte abogadas MARIA CAROLINA ROMERO y LISSETTE MARINA JAIMES GONZALEZ, Inpreabogados Nº 78.675 y 107.740, respectivamente. En cuanto a la cantidad condenada a pagar en el presente mandamiento, la cual alcanza a la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (BS.15.000,00), nos res.....

Así las cosas, este Juzgador procede en consecuencia a realizar el estudio y revisión del expediente, observando así mismo que, desde el día en que el Alguacil consigno la boleta de Citación de la parte demandada, hasta la presente fecha el actor no ha impulsado el proceso, transcurriendo desde la última actuación de la parte actora, más de un año sin que las partes impulsaran o intervinieran en el proceso.- Este Juzgador observa que desde el día 01 de Junio del 2010; ha transcurrido con creces mas de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes, siendo que esta circunstancia demuestra la falta de interés procesal, operando consecuencialmente la perención de la instancia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 267 del Código de procedimiento Civil, tal como ha sido emitido en sentencia emitida por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que quien aquí juzga invoca, de fecha 01 de Junio del año 2001, en la que estableció.....

Este órgano jurisdiccional administrando Justicia el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA SEGUNDA INSTANCIA, en consecuencia, se declara firme la sentencia proferida por el Juzgado de los Municipios Libertador y Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua en fecha 26 de septiembre de 2000, que declaró con lugar la demanda y desestimada la reconvención. Y así decide.-

Por las razones que anteceden y de conformidad con lo establecido en los Artículos 267, 269 Y 270 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA con respecto al recurso ordinario de apelación interpuesto por los abogados VANESSA LEÓN y FERNANDO GARCÍA, Inpreabogado Nro. 107.942 y 111.105 respectivamente, apoderados judiciales de Administradora Casa Blanca C.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón de la naturaleza de la decisión. Publíquese, regístrese, déjese copia del presente fallo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y, en la oportunidad correspondiente, remítase el presente expediente a su Tribunal de origen. Dada, Sellada y Firmada en la Sala de Despacho.....

DECISIÓN Por todas las razones y motivos aquí expuestos, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR LA DEMANDA POR COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por los ciudadanos MORA M. SERGIO A., RONDON JESUS Y BARRETO G. JAIME J., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cédulas de identidad números V-13.505.600, V-10.301.503 y V- 9.670.793, respectivamente, contra UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, persona jurídica de Derecho Público, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA y EMPREVET S.A., y en consecuencia se ordena a la accionada la cancelación de los conceptos indicados en la parte motiva del fallo, por la cantidad total de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 227.826,53). Y así se de.....

DISPOSITIVA Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el presente procedimiento de SEPARACION DE CUERPOS Y BIENES. SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. En virtud de que los actores, antes identificados, no indicaron domicilio suficiente, conforme a lo establecido en la primera parte del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal acuerda la notificación de las partes. Líbrese cartel de notificación. Cúmplase.-

CAPITULO V INSPECCIÓN JUDICIAL En relación a la prueba de Inspección Judicial promovida; éste Tribunal niega su admisión, por considerar que la misma puede perfectamente demostrarse con otros medios de pruebas conducentes para probar dichos hechos; la prueba de inspección judicial es el reconocimiento que hace el juez sobre las personas, cosas, lugares o documentos que puedan tener alguna relación con la materia debatida en el proceso y tiene como fin verificar hechos relacionados con sus características, ubicación, estado, contenido u otras circunstancias de interés, que no se puede acreditar de otra manera, para que el Juez procure la exacta apreciación de las características y extensión de lo inspeccionado, de manera que, existe el contacto inmediato entre el juez y el hecho a probar. Asimismo la prueba de Inspección Judicial es de carácter excepcional y por tanto, procedente cuando no exista otro medio para demostrar lo que se pretende con ella. En el presente caso, es innecesa.....

VI. DECISION Con fundamento en las consideraciones de hecho, de derecho y jurisprudencial ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: COMPETENTE para conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que conozca de la presente demanda de tercería, presentada por los ciudadanos MARÍA EUGENIA PÉREZ HURTADO, YURAIMA MERCEDES HURTADO y JOSÉ MANUEL HURTADO, venezolanos, mayor de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-5.273.135, V- 7.210.885 y V-7.224.214, respectivamente, debidamente representados por la Abogada EGLIS J. HERNÁNDEZ G, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 76.927; y de la causa principal en el estado en que se encuentre, relativa a la Inquisición de pat.....

Este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE MARACAY ESTADO ARAGUA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, EN PRIMER LUGAR: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida al ciudadano JOSÉ ALFREDO GARCÍA TACOA, toda vez que a pesar de la falta de certeza no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos al proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal. EN SEGUNDO LUGAR: Ordena el Cese de la Medida Cautelar que pesa sobre el ciudadano JOSÉ ALFREDO GARCÍA TACOA y decreta su libertad Plena. EN TERCER LUGAR: Acuerda librar oficio al Sistema Integral de Información Policial S.I.P.O.L. a fin de excluir de pantalla cualquier solicitud que sobre esta causa presente el prenombrado ciudadano. Notifíquese a las partes.

este Tribunal Octavo de conformidad a lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, pasa a puntualizar lo siguiente: 1.- Se evidencia que es la Apoderada Judicial de la parte Demandante ciudadanas AMADA COROMOTO HERNANDEZ DE MARTINEZ Y PAUBLA HELIA SANOJA, titulares de las cedulas de identidad Nº V-7.467.453 y V-10.750.831, respectivamente, quien desiste de la demanda incoada por COBRO DE PRESTACIOPNES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, facultad ésta establecida en los instrumentos poderes ut supra identificados; 2.- Por cuanto la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no establece un procedimiento a seguir para la homologación del desistimiento y en virtud que el Artículo 11 de la mencionada Ley, permite aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en otros ordenamientos jurídicos; es por lo que, en este caso este Tribunal OCTAVO de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circuns.....