Declara inadmisible la acción de tutela constitucional presentada por el abogado GERARDO UZCÁTEGUI, defensor del ciudadano LUIS ALEXANDER PINTO CABRERA, contra el Juzgado Décimo de Control Circunscripcional, por haber cesado la presunta violación o amenaza de los derechos referidos en el escrito de amparo, conforme lo dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se declara competente en primera instancia. Anula de oficio la decisión recurrida. Declara inadmisible la acción de amparo

De conformidad con el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: HOMOLOGA la Conciliación, de fecha Tres (03) de Octubre de dos mil siete (2007), como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Libertador y Francisco Linares Alcántara de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de dos mil ocho (2008). Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación. Publíquese. El Juez Provisorio, Abg. Daniel Alejandro Cerero La Secretaria, Abg. Annabella García Quintana. En esta misma fecha, se publicó la Homologación, siendo las 2:05pm La Secretaria, Abg. Annabella García Quintana. Exp. Nº 209- 2008 DAC/Agq/Stephany*.- 28/03/2008 14:05:17

Revisadas como han sido las presentes actuaciones y por cuanto observa el Tribunal, de la revisión del presente expediente, que desde el día 14 de Diciembre de 2000, fecha en que el que el secretario del tribunal hace constar que procedió a fijar un ejemplar del cartel de citación en la morada del demandado conforme consta al folio (50), sin que ninguna de las otras partes haya realizado acto alguno, hasta la presente fecha ha transcurrido más de siete (7) años quedando por lo tanto la causa desde esa fecha paralizada de forma que esa circunstancia hizo cesar la permanencia de estar a derecho las partes tal actividad, en el marco de un proceso sumario como es el caso que nos ocupa, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos pretendidos a través de esta vía judicial, produciéndose lo que la doctrina desarrollada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo denomina: "DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL" en que se administre la .....

Por virtud de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA EFECTUADO POR LA PARTE ACTORA

Ahora bien por las razones de hecho y de derecho, antes expuestos y como quiera que de autos se desprende que en el presente juicio, que transcurrió holgadamente el lapso establecido en los artículos antes señalados, este Juzgado Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de La Victoria, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCION y extinguido el proceso de Calificación de Despido intentada por el ciudadano ALFREDO LUIS GOMEZ DABORDI, titular de la cédula de identidad Nº 3.662.787 Contra La Sociedad Mercantil RESTAURANT LA ROMANINA

IV. DISPOSITIVA. Con fundamento en las consideraciones de hecho ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR, la Apelación interpuesta por los ciudadanos MITCHAEL HERNÁNDEZ y WILLIAM HERNÁNDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nº V-14.497.544 y V-14.497.545 respectivamente, asistidos por la abogado en ejercicio, ANA ISABEL PEREZ VERDUGA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 35.071. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de fecha 02 de Agosto de 2007, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que declaro inadmisible la demanda de acción mero declarativa instaurada por los ciudadanos MITCHAEL WILLIAMS HERNÁNDEZ SANCHEZ y WILLIAM JOSE HERNÁNDEZ S.....

Este Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. DECLARA SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO BLANCO, ya identificada, contra la ciudadana LEONOR MARÍA GONZÁLEZ DE OSECHAS, ya identificada. Se CONDENA a la parte actora, a pagar a la accionada las costas del proceso, conforme a lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida.

En merito de las precedentes consideraciones, este Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en el juicio que por Cobro de Cuotas Insolutas de Contrato de Venta con Reserva de Dominio, sigue la Sociedad Mercantil INMUEBLES y BIENES MARACAY, INBIMAR, C.A., contra el ciudadano ANÍBAL ENRIQUE PANTOJA NABAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía el Ciudadano: Rafael José Loreto Arias, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declarar la Caducidad, esto es, la Inadmisibilidad de la presente pretensión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. N°. 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Así se decide.