Que la presente causa está referida a un Recurso de Nulidad contra la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Ribas, Revenga, Santos Michelena, Tovar y Bolívar del Estado Aragua, de fecha 31 de octubre de 2003; este Tribunal advierte, acogiendo el criterio de la decisión vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 20 de Noviembre de 2002 (Sentencia N°. 2862, Expediente N°. 02-2241), en la que se delimita en forma clara y precisa el marco de actuaciones en lo que a la competencia atañe para el conocimiento de asuntos como el caso que nos ocupa, en donde el propio Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Constitucional señala, que al tratarse de órganos administrativos nacionales, el conocimiento de las pretensiones de nulidad de sus actos administrativos, y en general, de cualquier otra pretensión fundada en Derecho Administrativo correspondiente, en todo caso, a la Corte Primera de lo Contencioso Administ.....

De acuerdo a los términos de la Querella planteó el accionante, que de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dicte medida de suspensión de los efectos del acto administrativo y en consecuencia se ordene su reincorporación provisional hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa. Visto el planteamiento anterior, este Tribunal Superior, observa, que el petitorio del restablecimiento esgrimido, coloca a quien decide en la situación de pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido, esto es, resolver sobre la legalidad del acto impugnado; lo cual constituye el objeto del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, por ello resulta IMPROCEDENTE el Amparo solicitado; amén de no evidenciarse la irreparabilidad o difícil reparación por la definitiva, en caso de ser declarado Con Lugar el presente recurso. Y así se decide.

este Tribunal observa que el desistimiento formulado no es contrario a derecho y versa sobre derechos disponibles; en consecuencia, de acuerdo con el dispositivo del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se acuerda en conformidad lo solicitado, por no tratarse de derechos de eminente orden público y porque no afectan las buenas costumbres; por ello, en atención con lo previsto en el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en el presente caso por analogía, le imparte la Homologación; ordenándose el cierre de la causa y el archivo del expediente.

Por los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia, emanada de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECLARA CON LUGAR la presente solicitud de Divorcio y DISUELTO EL VINCULO CONYUGAL, que unía a los ciudadanos: MARIA HELENA RANGEL PIAMONTE, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-81.524.521, y LUIS HORACIO GALAVIS VIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-164.600, desde el día 09-06-1982, y que se celebró por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Departamento Libertador del Distrito Federal, según consta de la copia certificada del acta respectiva, que cursa bajo el Nº 280, del año 1982 de los libros correspondientes llevados por el Despacho antes mencionado.- Liquídese la comunidad de gananciales en cas.....

En ejercicio de tales derechos, constitucionalmente consagrados como crédito de exigibilidad inmediata, de autos se infiere que desde el 29 de diciembre de 2000 hasta la presente fecha, la administración estadal sólo ha cancelado la cantidad de Dos Millones de Bolívares. Tal proceder, evidentemente es contrario a derecho, por lo cual la mora en la que ha incurrido el ente querellado debe ser recompensada al Querellante, de acuerdo con el dispositivo constitucional, con la condena a pagar intereses constituidos como deudas de valor que gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. En consecuencia, se aplica como mecanismo indemnizatorio, el dispositivo constitucional previsto en el artículo 92 y no el convencional invocado por el Querellante a su favor, establecido en la cláu

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: Con Lugar la Adopción que el ciudadano PEDRO MARTÍN MARTIN, pretende sobre la adulto ADRIANA ISABEL MONTES HERNANDEZ. De acuerdo con la ley, ésta Adopción es Plena, confiere a la adoptada la condición de hija y al adoptante la condición de padre, y en adelante la ciudadana ADRIANA ISABEL MONTES HERNANDEZ, usará como primer apellido el del adoptante PEDRO MARTÍN MARTIN y gozará de todos los beneficios y derechos que la ley consagra a su favor. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Adopción, remítase con oficio copia certificada del presente decreto de adopción plena al Registro Civil del domicilio de la adoptada, Municipio Zamora del Estado Aragua, a fin de que se levante una nueva partida de nac.....

Con fundamento en los criterios antes expuestos, considera quien decide que en el presente caso, la autoridad administrativa en sus labores de apreciación no actuó bajo criterios de racionalidad y ponderación, ya que hace un análisis basado en el record de conducta del Querellante, e infiere que conductas de años anteriores, que fueron debidamente sancionadas, pudieran erigirse como antecedentes agravantes, sin observar que esas conductas ocurrieron en espacios de tiempos discontinuos. Esta afirmación se evidencia al folio 98, que a pesar de no ser nítida la impresión fotostática, de la misma se evidencia que el record de sanciones disciplinarias del investigado las fechas aplicadas fueron: 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000. Luego, la falta inmediatamente anterior ocurrió en el año 2000 y la sancionada y recurrida en esta oportunidad, aconteció en el 2001. Por lo que a criterio de quien decide, las conductas anteriores constituyen actitudes reiteradas que deben ser conside.....