Este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia, emanada de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECLARA: HOMOLOGADO LA TRANSACCION, en los mismos términos allí expresados por ambas partes; en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente. Así se decide.

razón por la cual se ADMITE la Intervención Forzada del Tercero llamado en la presente causa, todo en resguardo y garantizar la Tutela Judicial Efectiva que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 257, que involucra algo mas que el acceso a la justicia, es decir, el derecho a obtener una decisión razonada y justa, a través de un proceso que resguarde las mínimas garantías constitucionales procesales que se encuentran consagradas en el Artículo 49 del texto constitucional

Se declaró CADUCO E INADMISIBLE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO N° 0306-11, emitido en fecha 09 de septiembre del 2011 por la Dra. Milagros M. Galeno L., actuando en su condición de médica adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Aragua del Instituto Nacional de Prevención, salud y seguridad Laborales (INPSASEL), intentado por la empresa BAYER, S.A., mediante su apoderada judicial, la abogada MARIELA CASTRO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 105.122.

se ADMITE y se DECLARA CON LUGAR, la INHIBICIÓN expresada por la abogada KYUSMALY PEÑA GONZÁLEZ en su carácter de Jueza del Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, por estar fundada en causal legal prevista en el artículo 86 numeral 4 en concordancia con el artículo 87 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

En relación a los hechos negativos absolutos y la inepta acumulación alegadas por el promoverte en estos capítulos los mismos no son medios de prueba consagrado en nuestra Legislación Venezolana; razón por la cual este Tribunal se abstiene de emitir pronunciamiento sobre su admisión. Así se establece

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS BENEFICIOS incoada por la ciudadana YENNY DEL CARMEN PÉREZ FERNÁNDEZ, cédula de identidad V-16.405.474 contra GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, entidad federal, perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia deberá cancelar la parte accionada a favor de la trabajadora hoy reclamante la cantidad de BOLIVARES FUERTES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 36.493,80), por los conceptos de prestación de antigüedad, vacaciones y bono vacacional vencidos, remuneración de fin de año y la indemnización por despido injustificado; Cantidades estas que serán indexadas conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Asimismo se acuerda cancelar a la demandante los intereses sobre la prestación de antigüedad, así como los intereses moratorios y la Indexación Judicial; que deberán ser calculados conforme a lo p.....

En tal sentido se deja expresa constancia que las exposiciones contenidas en la presente acta fueron formuladas libre de constreñimiento alguno y en virtud de que el acuerdo alcanzado por las partes no es contrario a derecho se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley procesal antes citada, dándole efecto de cosa juzgada y se ordenará el cierre y archivo del expediente pasados cinco días de despacho contados a partir del día 9 del presente mes y año. Finalmente la ciudadana Juez, ordenó la lectura íntegra de la presente acta quedando así los asistentes debidamente notificados de su contenido. Dándose por cerrado el acto a las 1:20 p.m. de hoy. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman. LA JUEZA, MARIA ELERIDA RUIZ LA PARTE ACTORA Y SU ABOGADA ASISTENTE PARTE DEMANDADA LA SECRETARIA, BETHSI RAMIREZ

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y JOSÉ ANGEL LAMAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: la CONFESION FICTA de la parte demandada, ciudadano GIOVANNI DI MUNI HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.270.529, establecida en el artículo el 362 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: CON LUGAR la Acción de COBRO DE BOLÍVARES, intentada por el ciudadano MANUEL ULISES SIVIRA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-8.812.304, asistido por la Abogado SANDRA IRALA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 94.132 y hábil. Contra el ciudadano: GIOVANNI DI MUNI HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.270.529, de este domicilio y hábil. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA a la pa.....

Aplicando las anteriores consideraciones al caso bajo examen quien decide observa, que revisadas las actas que conforman el presente expediente, se constata que el mismo se encuentra inactivo desde el día "26 de marzo de 2012", y la parte accionante no realizó actuación alguna para gestionar la citación de la demandada para la prosecución de los actos procesales subsiguientes. De forma tal, que al evidenciarse que desde el día "26 de marzo de 2012" transcurrieron cuarenta y dos (43) días de inactividad procesal, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil antes citada, por lo que esta sentenciadora forzosamente declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por INTERDICTO DE AMPARO fue instaurado por LUIS OSCAR RUIZ LOZADA, titular de la cédula de identidad Nº 3.283.801, contra DAISY LOZADA, titular de la cédula de identidad Nº 7.264.139; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ar.....

DECLARA: Que la parte intimante, ciudadanas: YEISA YANIRA MARQUINA Y LAURA RAQUEL RODRIGUEZ, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 92.264 y 127.741, respectivamente; tienen derecho a COBRAR HONORARIOS PROFESIONALES; con motivo de actuaciones realizadas por Poder conferido por el ciudadano: JULIO CESAR PADRON ESPAÑA, venezolano, mayor de edad, titular de La cédula de identidad Nº 18.883.164; en la demanda por Cobro Indemnización por Enfermedad Profesional, daño moral y daño material y otros derechos laborales incoada contra la Empresa Quimica Orocolor, C.A., y tramitada ante este Tribunal distinguido con el asunto N° DP11-L-2010-001339, nomenclatura interna de este Circuito Judicial Laboral. Así se decide.