Primero: Imparte la HOMOLOGACIÓN del acuerdo alcanzado por las partes en el proceso de mediación promovido por este Juzgado y contenidos en la presente acta, dándole efecto de COSA JUZGADA. Segundo: Al no quedar pagos pendientes, se ordena proceder al cierre y archivo del presente expediente.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia emanada de los ciudadanos o ciudadanas y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO, incoada por la ciudadana MIREYA JOSEFINA HORACE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.3.981.924, en contra de su cónyuge, el ciudadano ANTONIO RAVAINA SIMOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-2.151.547, y en consecuencia: Se DECLARA DISUELTO el vínculo matrimonial que los unía desde el día 7 de Diciembre de 1972, contraído ante el Registro Civil de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador, Área Metropolitana del Distrito Capital, anotada en el acta bajo el N° 664, Folio 164, del año 1972.

, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, actuando en nombre de la republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 133 de la Ley procesal antes citada al acuerdo alcanzado por las partes, dándole efecto de cosa juzgada y se ordenará el cierre y archivo del expediente una vez que conste el pago pendiente. Se acuerda las copias certificadas solicitadas de la presente acta

Por lo que, se advierte a la parte condenada en el presente proceso, que de no pagar las sumas aquí ordenadas continuarán causándose intereses de mora e indexación judicial conforme lo prevé el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, de fecha quince (15) de junio del año 2006. Por consiguiente, se ordenará la corrección monetaria sobre las sumas condenadas únicamente en caso de incumplimiento voluntario, calculándose desde la fecha del decreto de ejecución forzosa hasta la oportunidad del pago efectivo, y así se establece. Se condena en costas a la parte demandada, en virtud que fue totalmente vencida en juicio, conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Dada, firmada y sellada en la sala de audiencias del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Med.....

En fuerza de las consideraciones antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Decide en los términos siguientes: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE para conocer la presente causa. SEGUNDO: Se ordena la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial. Líbrese oficio. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes.

En fuerza de las consideraciones antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide en los términos siguientes: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE para conocer la presente causa. SEGUNDO: Se ordena la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial. Líbrese oficio.

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal, de Primera Instancia en función Segundo de Ejecución del Estado Aragua Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE PENA DE REGIMEN ABIERTO, AL PENADO ARISTIDES RAMIREZ CASTRO, ya identificado, por aplicación del criterio unánime de nuestro máximo Tribunal en Sala Constitucional, en sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006, 1.114/2006, 2.175/2007, entre otras, las cuales fueron ratificadas en sentencias recientes, como loas números 1.874/2008, 128/2009, 90/2012, 875/2012, dirigidas a ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas , en todas sus modalidades. Y ASI SE DECIDE. Notifíquese a las partes de la presente Decisión.

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA: LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, de conformidad con los artículos 493 y 494 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, al penado TOVAR MACHADO LARRY ALBERTO titular de la cédula de identidad N° N° V-20.067.439., quien fue condenado en fecha 09-11-2010, por el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a cumplir una pena de CUATRO (04) AÑOS, CUATRO (04) MESES y VEINTE (20) DÍAS DE PRISION, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en los artículos 458 en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 ejusdem, estando RESIDENCIADO EN: EL CONSEJO, SECTOR LAS LUISAS, BLOQUE 04, APARTAMENTO 403, MUNICIPIO REVENGA.....

INADMISIBLE el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, intentado por el ciudadano GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-5.265.879, debidamente asistido por la profesional del derecho ASTRID ALESKA MEDINA ATTIAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 86.313, quien ejerció acción de Nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00278-12, de fecha 14 de septiembre del 2012, en el expediente N° 009-2011-01-01326, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Sucre, Urdaneta, San Sebastián, Zamora, José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua del Estado Aragua, con sede en Cagua; de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO AGRARIO SUPERIOR DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LOS ESTADOS ARAGUA Y CARABOBO (203° y 154°) Maracay, diez (10) de mayo del año 2013 EXP.- JSAAC- 2012-0207 Vista la diligencia presentada por el abogado Juan Fernando Marrero Castro, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.558.247, debidamente inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el N° 90.749, mediante la cual solicita se de por culminado el lapso de los diez (10) días hábiles para la contestación de la demanda y así dar continuidad a la causa, y en concordancia con la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforma este expediente se evidencia que si bien es cierto que se materializaron las notificaciones acordadas por este Tribunal Superior Agrario realizada a los diferentes ente estadales, no es menos cierto que la notificación de la admisión del recurso que fue librada .....