Se Ordena la REMISIÓN de la presente causa al Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

Se Ordena la REMISIÓN de la presente causa al Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.

En tal sentido se deja expresa constancia que las exposiciones contenidas en la presente acta fueron formuladas libre de constreñimiento alguno y en virtud de que el acuerdo alcanzado por las partes no es contrario a derecho se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley procesal antes citada, dándole efecto de cosa juzgada y se ordena el cierre y archivo del expediente.

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos antes señalados en la parte motiva de esta decisión, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, HOMOLOGADA PARTICION CONYUGAL (AMISTOSA) presentada por los ciudadanos SUSANA GLORIA MOREYRA y OSCAR ENRIQUE SILVA MATUTE, anteriormente identificados, por ante este Tribunal mediante documento autenticado en fecha 15 de julio de 2010, ante la Notaria Publica Quinta del Estado Aragua, inserto bajo el No. 05, Tomo 150 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil y como consecuencia de ello se le da carácter de cosa juzgada.

Se DECLARA CON LUGAR la solicitud de conversión de separación de cuerpos y bienes en divorcio y en consecuencia DISUELTO EL VÍNCULO CONYUGAL, contraído por los ciudadanos BÁRBARA PATRICIA RAMÍREZ VALERA y ROMER NOLASCO CEBALLOS ARANA, plenamente identificados en autos, en fecha 14 de diciembre de 2002 por ante el Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara del Estado Aragua, cuya Acta quedó anotada bajo el Nº 349, de los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Despacho.

Con fundamente a los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la ACCION de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano Félix Ramón Vargas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.308.603, contra la Empresa Seguridad Integral SIUCA

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRAL, CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la medida de Suspensión de Efectos Particulares de la Providencia Administrativa de fecha 08 de agosto 2008, dictada por Inspectoría del Trabajo de los Municipios José Félix Ribas, Revenga, Santos Michelena, Tovar y Bolívar del Estado Aragua, solicitada por la representación judicial de la Sociedad Mercantil INVECA DE VENEZUELA S.A, (antes INVECA PITTSBURGH C.A.)

En consecuencia este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Numero Cinco del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley Decreta: Primero: Se condena a los acusados Calatayud López, Enderson Antonio de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 22.342.691, de estado civil soltero, nacido el 06-11-1990, de 20 años de edad, de profesión u oficio obrero, hijo de Yeumelia López (v) y Nelson Calatayud (v), residenciado en Santa Inés, calle 01, N° 19, La Morita Municipio Linares Alcántara, Estado Aragua; Rodríguez Rivero, Ángel José de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 16.029.903, de estado civil casado, nacido el 01-08-1983, de 27 años, de profesión taxista, hijo de Elizabeth Rivero (v) y José Rodríguez (v), residenciado en el barrio Mirian Soto, calle 25, casa N° 09, La Morita Municipio Linares Alcántara, Estado Aragua;.....

Este Tribunal deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público y ha sido la conclusión de un proceso de Mediación y Conciliación dirigido por este Tribunal, Administrando Justicia En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, HOMOLOGA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dándole efecto de cosa juzgada y se ordena el cierre y archivo del expediente, Finalmente la ciudadana Juez, ordeno la lectura íntegra de la presente acta quedando así los asistentes debidamente notificados de su contenido, ordenándose el Cierre y archivo una vez conste en autos el último de los pagos convenidos. Dándose por cerrado el acto a las 11:20 a.m. de hoy 15 de Febrero de 2012. Es todo. Terminó, se leyó y conformes.....

En este sentido, es carga de la parte actora indicar a este Tribunal CUAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS DEMANDADAS . El artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es claro al precisar cuales son los requisitos que se deben llenar para la procedencia de una demanda laboral , la cual en su numeral 2. establece...."Si se demandara a una persona jurídica, los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales...". Así las cosas, esta juzgadora NO PUEDE VULNERAR NORMAS QUE SON DE ORDEN PUBLICO, las cuales garantizan el derecho a la defensa y al debido proceso, normas estas de orden Constitucional, ordenando la notificación según lo peticionado por el demandante en un domicilio distinto a la empresa y en UNOS APODERADOS QUE NISIQUIERA IDENTIFICA el actor.. En este sentido es una carga procesal para la parte actora indicar a este Tribunal NUEVA dirección , ajustán.....