En virtud del acuerdo alcanzado y luego de haber constatado las recíprocas concesiones, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en La Victoria, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Se HOMOLOGA el acuerdo celebrado por las partes, contenido en acta de fecha 28/11/2011, de conformidad con los artículos 26, 254 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 3 de la Ley Orgánica del Trabajo 11 del Reglamento de la misma y en consecuencia declara el carácter de cosa juzgada. SEGUNDO: Visto el acuerdo alcanzado se ordenará el cierre y archivo del expediente y su remisión al archivo judicial para su resguardo y custodia, una vez que conste a los autos el segundo y último pago ofertado. TERCERO: No hay condenatoria en costas, visto el acuerdo alcanzado por las partes. Es todo. Terminó se leyó y conformes firman......

Se imparte en este acto la HOMOLOGACION JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley procesal antes citada, dándole efecto de cosa juzgada y se ordena el cierre y archivo del expediente. A solicitud de las partes se acuerda expedir una (1) copia certificadas para cada una de ellas de la presente acta y devolver los instrumentos probatorios consignados al inicio de la audiencia preliminar. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para su debido control.

Este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, administrando justicia, emanada de los ciudadanos y ciudadanas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la demanda por NULIDAD DE TÍTULO SUPLETORIO, interpuesta por los Ciudadanos: MARÍA GAVINA CORRO, JULIA GERBACIA CORRO, AURA CRISTINA CORRO, PEDRO NOLASCO CORRO, SOCORRO MARÍA CORRO, JUAN DAVID CORRO Y VICTORIA CORRO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.201.617, V-4.231.455, V-1.842.360, V-3.938.016, V-5.268.731, V-7.177.382 y V-7.176.980, respectivamente, junto a su Abogado Apoderado: CARLOS DESIDERIO DELGADO, venezolano, mayor de edad, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 28.570; en contra de los Ciudadanos: JHON ERIC CORRO BRICEÑO Y ANA JHOAN CORRO BRICEÑO, venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédulas .....

Luego de la revisión y estudio efectuado a las presentes actuaciones del escrito recursivo no se desprende que el presente recurso se encuentre inmerso en alguna de las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, por lo que se ADMITE cuanto ha lugar en derecho.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central con sede en Maracay Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesto conjuntamente con Solicitud de Amparo Cautelar, por el Ciudadano Abogado: Bladimir Ynfante Mendoza, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo los Nro; 48.825, en su carácter de Apoderado Judicial del Ciudadano: Rafael María Herrera Cobo, titular de la cédula de identidad Nro.V- 8.159.909, contra el Acta Numero 05 del 30 de marzo de 2007 u Acto Administrativo contenido en el Acta Nro; 05, de fecha 30 de marzo de 2007, dictada por la Sindico Procurador Municipal, la Directora de Catastro y la Directora d.....

DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIA ANGÉLICA HURTADO DOVALE en su carácter de defensora pública décima sexta, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Aragua, en su condición de defensora del ciudadano SAMUEL NEPTALÍ CORONA CAMPERO, contra la decisión dictada en fecha 02 de agosto de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Sexto de Juicio de este Circuito Judicial Penal del estado Aragua, mediante el cual declaro improcedente la solicitud formulada por el referida defensora, del decaimiento de la medida judicial preventiva de libertad que pesa sobre los ciudadanos antes señalados, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y los criterios jurisprudenciales referidos en la misma. SEGUNDO: Se confirma la decisión impugnada.

Por las razones expuestas y de conformidad con las disposiciones legales invocadas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA incoado por ORLANDO JOSE TORO PRIETO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.459.207 y de este domicilio, contra la ciudadana ANTONIETA AMBROSIO DE BELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.269.030 y de este domicilio. En consecuencia, se tiene como reconocido el documento de fecha 16 de diciembre 2008, emanado de la ciudadana ANTONIETA AMBROSIO DE BELLO, antes identificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión. Notifíquese a las partes de la present.....

D E C I S I Ó N Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en la ciudad de Maracay, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA DEMANDA, interpuesta por la ciudadana JHURLIANS ALEJANDRA ESCALONA CRESPO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 17.561.794, contra la sociedad mercantil PANADERIA LA CHISPA C.A. SEGUNDO: En cuanto a las costas generadas por la incidencia de cotejo este tribunal condena de acuerdo a lo establecido en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: No se condena en costas a la parte demandada dada la naturaleza de la presente decisión. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE SENTENCIA PARA SER AGREGADA AL LIBRO RESPECTIVO. DADA, FIRMADA Y SELLADA EN EL DESPACHO DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCI.....

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: INADMISIBLE la solicitud de la perdida sobrevenida de la jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración, formulada por la Abogada NANCY MARISOL GUERERO, Inpreabogado Nº 85.787, en su carácter de apoderada judicial del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, anteriormente Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), ente liquidador en el presente asunto, contra la decisión dictada en fecha 30 de marzo de 2011 por este Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial de.....

este Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Laboral del Estado Aragua en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud planteada por el apoderado judicial de la parte actora, abogado REYES JOSE SANDOVAL CARDONA, inscrito en el inpreabogado nro. 101.299, en cuanto a la estimación en costas por la incidencia por desconocimiento de firma de documentales, por los razonamientos antes expuestos.